Importante pronunciamiento: Responsabilidad criminal ante la emergencia humanitaria

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Profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV

Universidad Central de Venezuela, Cátedra de Derecho Constitucional.-

​​​​​La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, integrada por los profesores que imparten esta materia, reunidos en fechas 11, 13 y 14 de febrero por convocatoria expresa de su Jefatura, considerando la grave crisis humanitaria que asola a Venezuela, realiza una serie de precisiones sobre la intervención humanitaria, en los términos siguientes:

LA VERDAD SOBRE EL DRAMA VENEZOLANO

Esta cátedra de Derecho Constitucional ha venido advirtiendo sobre la sistemática violación de derechos humanos, de la Carta Magna, magnificada por los actos de usurpación que socavan al Estado de Derecho, la transgresión al régimen de libertades y derechos fundamentales de los venezolanos y el riesgo de disolución de la República. Hemos afirmado que el “régimen de facto” refleja un “Estado fallido y forajido” responsable de un desastre económico que ha provocado una contracción de la economía del 50% en los últimos 5 años, solo comparable con el caso de Siria, y con una hiperinflación que el FMI ha calculado en aproximadamente en 10.000.000% para el año en curso, que ha llevado a la población a niveles superiores de marginalidad y depauperación; y una situación de desabastecimiento, carencias y hambruna, independientemente de ubicación territorial o sectores de la población, superando cualquier índice de pobreza. Se trata de una calamidad en desarrollo.

En materia asistencial, bordeamos la catástrofe. El Estado incumple su responsabilidad de preservar la salud de los venezolanos consagrada en la Constitución como una “…obligación del Estado quien lo garantizará como parte del derecho a la vida…”. Sobre este punto específico, el Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, publicado en Washington D.C., el día 29 de mayo de 2018, ha indicado que “el Régimen venezolano es el responsable de lo que se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias que la región haya vivido (…) La gravedad de la crisis humanitaria no es sencillamente la consecuencia de negligencia, pero se ha convertido en una estrategia más amplia de represión en el país, que es guiada por intereses ideológicos y políticos (…) Los alimentos, los medicamentos y otros productos de primera necesidad son las herramientas de control político y social que utilizan deliberadamente para la persecución de su gente”. En pocas palabras; se trata de una realidad de desolación y que compromete:

  1. a) Por desabastecimiento de alimentos y absoluta inseguridad alimentaria que deriva en altísimos índices de desnutrición, que afecta en forma particular a la población infantil.
  2. b) Por la inexistencia de medicamentos, vacunas e insumos médicos esenciales para el diagnóstico y tratamiento básico de cualquier enfermedad.
  3. c) Por el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, dada una infraestructura hospitalaria derruida, la inoperatividad del 90% de la base instalada de equipos de diagnóstico clínico (radiología, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, hemodinamia, mamografía, medicina nuclear, laboratorio clínico, anatomía patológica) y 95% de la base instalada de equipos de tratamiento por radioterapia (aceleradores lineales, bombas de cobalto, equipos de braquiterapia), la imposibilidad de dar tratamiento médico a las enfermedades crónicas como en los casos de las personas con trasplante, pacientes oncológicos, bajo tratamiento de diálisis, cardiopatías y VIH, entre otros gravísimos cuadros clínicos.
  4. d) Por las epidemias y endemias, algunas de las cuales habían sido erradicadas en el país.
  5. e) Por la transmisión de las enfermedades infecciosas y la ampliación del riesgo de muerte de los pacientes en el campo de la medicina transfusional, ante la falencia de procedimientos y control de calidad en inmunoserología para Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre.
  6. f) Por los insólitos índices de mortalidad infantil y materna, resultado de la carencia de elementales controles en el sistema de salud pública.

Ante esta tragedia, el régimen de facto, siguiendo un plan preconcebido de control total de la sociedad, ha provocado deliberadamente la crisis humanitaria y, rechaza, a rajatabla, la ayuda internacional. De manera que, estamos ante graves crímenes de trascendencia nacional e internacional, con responsabilidad criminal de aquellos que han impedido la instrumentación de la ayuda humanitaria, el arribo de los productos e insumos y, el asentamiento del personal médico y de asistencia, necesarios para la puesta en servicio del dispositivo humanitario.
Cabe notar el ataque reciente, sistemático, a los corresponsales extranjeros y periodistas venezolanos, detenidos arbitrariamente y atropellados procesalmente, para enervar la cobertura de la situación de la crisis y todo ello enmarcado por una estrategia deliberada que pretende ocultar la grave y compleja crisis social y humanitaria.

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA HUMANITARIA?

​El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha definido la ayuda humanitaria como: “asistencia diseñada para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana, en prevención o en situaciones de emergencia y/o rehabilitación”.

De conformidad con la Carta Humanitaria y Normas Mínimas en la Respuesta Humanitaria del proyecto Esfera, esa ayuda gira en torno a áreas de atención fundamentales como son el abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene; la seguridad alimentaria y nutricional, el refugio y asentamiento de los afectados y, la salud; para atender a los grupos de víctimas de graves catástrofes naturales o producto de la acción humana.

​Los procesos que se activan, ante una emergencia humanitaria, encuentran su justificación en la aplicación del Principio de Justicia Social Internacional y del Bien Común Universal; además, el soporte de una actuación individual se encuentra en los artículos 1(3) y 2(4) de la Carta de la ONU, regulatorios de la promoción de derechos humanos y la solución de las crisis humanitarias, así como también, ante una abierta violación de la ley internacional.

El objetivo de la ayuda humanitaria es paliar la situación anteriormente descrita bajo un proceso reglado, según los parámetros de la Resolución 46/182 para el Fortalecimiento de la Coordinación de la Asistencia Humanitaria de Emergencia del Sistema de las Naciones Unidas, aprobada en la 78ª sesión plenaria del 19 de diciembre de 1991, sin sustituir al Estado en su obligación de atender las necesidades básicas de la población más vulnerable y en situación de grave riesgo de vida. Ante la proyección de esta crisis humanitaria a nivel internacional; se hace imprescindible apoyar a los países latinoamericanos a afrontar esta situación, en la que está en juego la paz y estabilidad de la región.

​La ejecución del proceso dirigido a la efectividad de la ayuda humanitaria es compleja en toda su magnitud, e incluye:

  1. a) La activación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) diseñado, entre otros objetivos, para proveer y trasladar alimentos en situaciones de emergencia.
  2. b) La ejecución de los programas de asistencia de la Organización Mundial de la Salud ante la proliferación de enfermedades endémicas y para precaver brotes epidémicos.
  3. c) La inmediata provisión de medicamentos y, en especial, aquellos de altos costos, además de los imprescindibles para el tratamiento de enfermedades terminales, salud mental, acceso a la atención para las personas con VIH, resguardo de la salud de los pueblos indígenas, prevención y rehabilitación de discapacidades, tratamientos oncológicos, pacientes cardiópatas, diabéticos y renales, entre otros casos de especial relevancia.
  4. d) El apoyo prioritario a las poblaciones desplazadas en la frontera, en cuanto a la atención médica, alimentación y saneamiento para reducir la mortalidad, la morbilidad y el sufrimiento humano que provoca tal circunstancia.
  5. e) La intervención de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para dirigir la labor de los agentes regionales y ONG´s en la atención de la emergencia y, en especial, la movilización y control de la asistencia que debe ser prestada.
  6. f) La organización entre la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las secretarías y oficinas de las Naciones Unidas con competencia en derechos humanos y refugiados, los entes regionales para la atención de desastres, sus aliados internacionales y los socios en el ámbito nacional, para garantizar que el canal humanitario no sea obstaculizado o, desviados los recursos aplicados a la superación de la emergencia.
  7. g) La activación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante la emergencia humanitaria y; la necesidad de protección de los derechos humanos en la situación de conflicto, violencia e inseguridad que sufre Venezuela.

CRIMEN Y RESPONSABILIDAD

​La resolución 46/182 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 19 de diciembre de 1991, sentó las bases de la asistencia humanitaria, consagrando que, cuando la magnitud e intensidad de la crisis, rebase la capacidad del Estado para solventarla, es requerida la cooperación internacional, exhortando a los Estados cuya población necesita asistencia, a facilitar su prestación: “el suministro de alimentos, medicinas, techo y asistencia médica, para lo cual es indispensable el acceso a las víctimas”.

​Cualquier autoridad civil o militar que impida el ingreso de ayuda humanitaria en detrimento de la población civil estaría incurriendo en el crimen de lesa humanidad del exterminio, definido en la letra b, numeral segundo, del artículo 7 del Estatuto de Roma como “la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”, delito imprescriptible y no susceptible de aplicación de beneficios que conlleven a su impunidad de conformidad con el artículo 29 de nuestra Constitución.

​En el marco de actuaciones de un Estado Forajido, se hace necesaria la protección de la población ante el uso de la violencia institucionalizada; así como también a través del patrocinio de fuerzas paramilitares que incurran en prácticas abiertamente violatorias de los derechos humanos.

RESPONSABILIDAD DE PROTEGER

DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

​El informe: “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos”, del otrora secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan, consagra la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional en caso de ocurrencia de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad, cuando las autoridades nacionales no puedan o no estén dispuestas a proteger a sus ciudadanos, trasladando a la comunidad internacional “la responsabilidad de utilizar medios diplomáticos, humanitarios y de otro tipo para contribuir a proteger los derechos humanos y el bienestar de la población civil”. Esa obligación de protección fue acogida por la Asamblea General de la ONU, en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, en la cual los Estados miembros la asumieron en favor de las víctimas.

​En Venezuela; es patente la violación de Derechos Humanos por parte de quienes ejercen de facto el poder y, realizan ataques sistemáticos contra los ciudadanos, definidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma precitado. Tales actuaciones facultan a la comunidad internacional para hacer valer su responsabilidad de protección en sus tres momentos; prevenir que se realicen nuevas violaciones; reaccionar ante las perpetraciones que están aconteciendo y; coadyuvar al restablecimiento Estado de Derecho.

​Por todas las consideraciones anotadas en el presente pronunciamiento, la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela respalda las gestiones que ejecuta el Presidente Encargado de la República y la Asamblea Nacional, como cuerpo representativo de la voluntad popular y la Nación, dirigido a la activación de la ayuda humanitaria. Resaltamos igualmente, la responsabilidad criminal internacional de todos aquellos que obstaculicen el auxilio humanitario y, en consecuencia, violenten la legislación nacional e internacional sobre la materia.

En Caracas, a los 14 días de febrero de 2019:

Profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional

Prof. Tulio Álvarez

Jefe de Cátedra, Escuela de Derecho

Prof. Nelson Chitty La Roche

Jefe de Cátedra, Escuela de Estudios Políticos y Administrativos

Prof. Isabel Cecilia Esté

Jefe de Cátedra, Escuela Estudios Internacional

Prof. Oscar Arnal

Prof. Alberto Blanco-Uribe Quintero

Prof. Julio César Fernández Toro

Prof. Leonel Alfonso Ferrer

Prof. José Vicente Haro

Prof. Gustavo Alberto Manzo Ugas

Prof. Carlos Martínez Cerruzi

Prof. Moisés Enrique Martínez

Prof. Rafael Quiñones Urbaez

Prof. Juan Manuel Rafalli

Prof. Eduardo Sánchez

Prof. Enrique J. Sánchez Falcón

Prof. Félix Sánchez

Prof. Gustavo Tarre Briceño