Human Rights Watch (HRW) pidió a los gobiernos de América una respuesta “coordinada” y “consistente” al flujo migratorio de venezolanos que huyen de la crisis por la que atraviesa su país, según un informe divulgado hoy, que propone crear un mecanismo regional para distribuir los costes financieros.
“Dada la escala y la complejidad de la migración venezolana en el ámbito regional, los Gobiernos deben unir esfuerzos para adoptar una respuestas colectiva y coordinada”, indicó la ONG en su informe, que destaca que el éxodo venezolano “generó la mayor crisis migratoria de esta naturaleza en la historia reciente de América Latina”.
Según las Naciones Unidas (ONU), citada por HRW, más de 2,3 millones de venezolanos dejaron su país desde 2014, entre muchos otros que abandonaron la nación caribeña pero cuyos casos no fueron registrados por las autoridades.
En este sentido, la organización recomienda instaurar un “régimen regional de protección temporal” que garantice a todos los venezolanos “la regularización de su situación migratoria por un periodo determinado”, por lo menos hasta que esperan el resultado de su solicitud de protección definitiva.
También propuso crear un “mecanismo regional” para “distribuir los costes financieros” y pidió la “efectiva recepción de los venezolanos que huyen de su país, de forma equitativa”.
Igualmente, resaltó la importancia de “estrategias multilaterales efectivas para enfrentar las causas” del flujo migratorio y agregó que, algunas de ellas, pasan por adoptar y aplicar “sanciones”, como “congelar activos o cancelar visados de importantes autoridades venezolanas, implicadas en graves violaciones de derechos humanos”.
“A pesar de que muchos gobiernos hayan hecho esfuerzos excepcionales para acoger a los venezolanos en fuga, la escala creciente de la crisis exige una respuesta colectiva uniforme”, afirmó el director para las América de HRW, José Miguel Vivanco, citado en un comunicado.
Vivanco expresó que los Gobiernos “deben adoptar una respuesta consistente para garantizar que personas forzadas a abandonar Venezuela tengan la protección que precisan para reiniciar” sus vidas.
No obstante, HRW manifestó también su preocupación ante el hecho de que algunos países “vienen endureciendo sus políticas migratorias”.
“Algunas de esas medidas pueden hacer más frágil la protección de los derechos de venezolanos solicitantes de refugio. Episodios recientes de violencia xenófoba y un clima que amenaza dar más espacio a ataques de este tipo también son una preocupación reciente”, apuntó.
Uno de los episodios ocurrió en localidad brasileña de Pacaraima, fronterizo con Venezuela, donde vecinos de ese pequeño municipio en el empobrecido estado de Roraima prendieron fuego a campamentos y a los objetos personales de inmigrantes venezolanos que estaban allí instalados de forma muy precaria.
Esos incidentes, surgidos a raíz del asalto de un conocido comerciante local a manos, supuestamente, de un grupo de venezolanos, provocó que al menos 1.200 inmigrantes regresaran de nuevo a su país, según el Ejército brasileño.
HRW invocó la Convención de Refugiados de 1951 y recordó que quince Estados de la región incorporaron la Declaración de Cartagena de 1984, que ofrece directrices en el proceso de desarrollar marcos reguladores para la protección de refugiados.
“El flujo masivo de personas saliendo de Venezuela es uno de los mayores desafíos que los Gobiernos de América enfrentan hoy”, subrayó el reporte.
Entre hoy y mañana, martes, Quito acoge una reunión entre representantes de trece países con la intención de definir acuerdos para hacer frente a la migración de inmigrantes venezolanos. EFE
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