Los dramas se multiplican, en medio de un éxodo que no se detiene. Aleteia constata que a los controles se suman deportaciones y “salidas voluntarias”, en medio de una migración en la que un alto porcentaje de venezolanos se encuentra muy vulnerable debido a su situación irregular
Entre el primero de enero y el 3 de junio de 2018 al menos 593 mil venezolanos habían abandonado su territorio nacional cruzando hacia el país cafetero, de acuerdo con reporte oficial de Migración Colombia.
El informe publicado el 3 de septiembre permite estimar en un número superior al millón la estadística correspondiente a los primeros diez meses del año en curso. Pero son mucho más que cifras: cada número tiene nombre y apellido.
Al menos 438 mil ciudadanos venezolanos salieron de Colombia por el Puesto de Control del Puente Internacional de Rumichaca, tomando como principales destinos: Ecuador, Perú, Chile y Argentina.
Además, siguen en aumento los desplazamientos por Colombia que se realizan “en transporte público”, con una duración mínima promedio de 26 horas, o caminando durante 10 a 20 días, según ha podido constatar Aleteia.
Deportaciones
La situación tiene matices: ante el éxodo en masa también se han realizado grandes deportaciones que pocas veces son mediáticas: únicamente en Cúcuta, la zona de frontera con Táchira, por ocurre el tránsito de casi in tercio de los venezolanos, se reportan 28 deportaciones y 37 expulsados.
Mientras que hay quienes figuran en proceso administrativo, con base en una recientemente modificada legislación migratoria con base en el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores 1067 del año 2015.
Tan sólo en el Departamento Norte de Santander se han realizado más de 5.175 verificaciones de documentos, con reporte nacional de 712 deportaciones y 330 expulsiones en tierras neogranadinas.
En esa zona de frontera hay actualmente tres puestos de control, mientras que en el año de implementación de los ajustes legales había sólo uno. Actualmente, además, se realizan las verificaciones especiales a quienes usan ese punto de cruce internacional.
Salidas “voluntarias”
Un tema que recoge la prensa local en Cúcuta es el de las llamadas “salidas voluntarias”. Sin embargo, la estadística no figura en el sitio web de Migración Colombia, que sí cuenta en cambio con elaborados informes detallando los ingresos. Amén de las declaraciones oficiales enfocadas en los costos supuestamente vinculados con la atención de migrantes venezolanos.
Creado el 8 de febrero de este año, el Grupo Especial Migratorio (GEM) trabaja con Oficiales de Migración Colombia, miembros de la Policía Nacional, el ICBF y la DIAN, tomando “calles, establecimientos comerciales y hoteleros” para “verificar la condición migratoria de los ciudadanos extranjeros”.
Al final de los operativos, la Policía Nacional realiza el “sellamiento” de establecimientos nocturnos y se inician actuaciones administrativas contra quienes hospedan a “migrantes irregulares de nacionalidad venezolana”.
La finalidad, se argumenta por vía oficial, es “construir esa migración ordenada y segura, que beneficie el país, a su gente y sus visitantes”. En este marco ocurrieron sólo en Norte de Santander, al menos 12 mil “salidas voluntarias”.
Intentan no ser expulsados…
El fin de esta figura es que el venezolano evite ser deportado o expulsado de tierras colombianas, lo que le implicaría sufrir un tiempo de sanción durante el cual tendrá prohibido ingresar al país cafetero, y tras la sanción, sólo podrá hacerlo si cuenta con su pasaporte o visa, documentos cuya obtención resulta particularmente difícil en la Venezuela de Nicolás Maduro.
De acuerdo con el director general de Migración Colombia, Christian Kruger, prácticamente la mitad de los venezolanos que han huido de la crisis de su país está actualmente en Colombia. De un millón 32 mil venezolanos en el país neogranadino, más del 40% está de forma irregular.
Mientras, la Iglesia Católica mantiene su ejército de voluntades desplegados a los dos lados del puente que separa a las naciones vecinas en un afán por atender a quienes huyen de la crisis.
Carlos Zapata | Aleteia
