Carlos Canache Mata.-
Las dictaduras pretenden que las Iglesias, en especial la católica, no bajen del cielo a la tierra para ocuparse de las penas del quehacer cotidiano de la gente y de la violación de sus derechos humanos. Creen que el sacerdocio debe ensimismarse en sus oraciones, sin advertir y denunciar la miseria en que viven los desasfortunados económicos y las vejaciones a los perseguidos políticos. Se olvida que la Iglesia Católica tiene una doctrina social que la obliga a lidiar con los problemas de los que sufren y han perdido la libertad.
Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, las relaciones con la Iglesia se tornaron claramente conflictivas a partir de la carta pastoral del arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias Blanco, del 1° de mayo de 1957. Ese día, los párrocos la leyeron en los púlpitos y la feligresía de toda Venezuela oyó el valiente emplazamiento contra la grave situación económica y social de la mayoría de los trabajadores del país. En lenguaje descarnado y directo se dijo que “una inmensa masa de nuestro pueblo está viviendo en condiciones que no se pueden calificar de humanas”. Sin duda, el pronunciamiento, con la autoridad de quien lo hacía, contribuyó a acelerar el desmoronamiento y la caída de la dictadura.
La historia no escapa a las reincidencias. Ahora enfrentamos otra dictadura y también quien es Pastor y Administrador Apostólico de la Iglesia Arquidiocesana de Caracas, el Cardenal Baltazar Porras, al asumir su Ministerio Episcopal, en su homilía habló de “un presente con claros rasgos de inhumanidad insoportable” y de que “la pobreza aquí es múltiple: la material, clara y primariamente; pero también social, moral y espiritual; pobreza espiritual …caer en la mentira, la denigración, la doblez, el ansia violenta de poder, la acción sin escrúpulos”. Ante esa realidad, planteó que “el sufrimiento de la inmensa mayoría es, debe ser, también nuestro, y exige una actitud samaritana de entrega sacrificada, pero generosa y alegre”. A los medios de comunicación les declaró que “en Venezuela vivimos con una gran angustia porque a pesar de ser un país rico, el que se ha hecho rico es el gobierno” y que “la tentación del totalitarismo de querer tenerlo y dominarlo absolutamente todo, lo que genera es una mayor corrupción y un mayor abuso de poder porque no hay una separación de poderes que genere un equilibrio en la sociedad y en función de las necesidades de la gente, pero sí de los que están en el poder”.
La actitud de la Iglesia en esta hora aciaga que vive el país ha sido sostenida y coherente. Revísence los numerosos documentos que ha publicado la Conferencia Episcopal Venezolana y se comprobará la confirmación correspondiente. En declaraciones del día 15 de este mes, el Cardenal Urosa Savino recordó que el Ejecutivo no ha cumplido con aspectos exigidos el 1° de noviembre de 2016 por el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, como el reconocimiento de la Asamblea Nacional y el respeto de sus facultades constitucionales, la libertad de los presos políticos, la solución de la crisis social por la escasez y carestía de los alimentos y las medicinas, y elecciones con transparencia política. Por su parte, el padre Luis Ugalde, la semana pasada fue categórico: “Estamos sufriendo el militarismo…una Iglesia que se calle en situaciones inhumanas, en un país donde 3 millones se tienen que ir y otros quieren irse, cuando tienes los hospitales desmantelados, cuando la corrupción y extorsión está en todas partes, nada puede haber más odioso que una iglesia que se calle”. Planteamientos similares ha hecho, en sus artículos periodísticos, Monseñor Ovidio Pérez Morales.
Si no se ha salido de la dictadura, no es porque haya faltado la voz y la acción de la Iglesia, una institución cuya confianza y cuyo respaldo de la opinión pública están en la cima, en el cielo, de todas las encuestas.
