En el marco del Día Mundial de los Refugiados, Eduardo Soto S. J., director del Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que aún no ha habido una respuesta en el territorio sudamericano que garantice la protección de los emigrantes venezolanos al llegar a estos países.
“Sabemos que el 80% de ellos viven de la economía informal (…) y al quedar las calles desiertas por el brote infeccioso del coronavirus no pueden adquirir el dinero para pagar sus alquileres y quedan en la calle”
Destacó que de esta forma se evidencia que por parte de los Estados receptores de emigrantes venezolanos “no ha habido una política de protección a estas personas que se encuentran en una franca vulnerabilidad y forzadamente llegan a sus territorios para buscar la dignidad que no han podido encontrar en su propio país, y al no tener ese amparo han decidido volver a Venezuela”.
Explica que cada nación de la región ha asumido una política distinta respecto a los venezolanos que han recibido durante los últimos años. Lamenta que los Principios Universales consagrados por la ONU en la Convención de 1951, donde establece los derechos de las personas refugiadas, así como las obligaciones de los Estados para su protección, no se apliquen.
“No han regido en el sentido de que cada país ha creado su propia legislación interna para afrontar la gran cantidad de venezolanos que han inundado las principales ciudades del continente de manera sorpresiva”
De allí que cada país adopte medidas y regulaciones diferentes para atender este movimiento migratorio, que en algunos casos se conceden permisos de trabajo temporales y en otros se exige una visa para poder ingresar a determinada nación.
Asustados y en extrema necesidad
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) advirtió el 29 de mayo de 2020 que la situación de los emigrantes venezolanos en Sudamérica amenazaba con empeorar debido a la llegada del invierno en un momento clave a nivel sanitario, con varios países de la región en plena escalada del brote de Coronavirus.
Shabia Mantoo, una portavoz de la agencia, ha dicho que América Latina es ahora el “epicentro” de la pandemia y que ya ha provocado daños colaterales entre la población migrante y refugiada por las medidas de restricción de movimientos y los cierres decretados en los países de la zona.
“Muchos se han quedado sin su forma de vida y deben hacer frente a la pobreza, indigencia, desahucios, hambre e inseguridad alimentaria, así como a mayores riesgos a nivel de protección”
Las condiciones pueden empeorar con la baja de las temperaturas en naciones como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, que acumulan más de 1.5 millones de emigrantes venezolanos en total.
En ese sentido, Acnur prevé que aumenten “considerablemente” las necesidades humanitarias y sanitarias, también por los efectos de otras enfermedades de tipo respiratorio como la gripe.
La agencia, que se ha comprometido en intensificar su labor en la región, anticipa “un aumento de las personas que requerirán refugio de emergencia y útiles de invierno como mantas, ropa caliente, medicamentos y combustible para calentar sus casas”.
De acuerdo con cifras divulgadas por El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 5.1 millones de venezolanos han dejado sus hogares y viajado esencialmente hacia Latinoamérica y el Caribe.
Niños, niñas, mujeres y hombres pudieran ser víctimas de explotación laboral y sexual, tráfico de personas, violencia y discriminación ya que llegan asustados y “en extrema necesidad” a estos países vecinos.
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