Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron tres argumentos por parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que suspendieran las facultades investigativas del Fiscal Karim Khan.
La ONG Provea piblicó a través de su cuenta en Twitter las claves sobre el recurso dilatorio del Estado venezolano contra la Investigación crímenes de lesa humanidad Venezuela I, que se detallan a continuación:
“En decisión de este jueves 20 de julio, los jueces rechazaron los 3 argumentos del gobierno de Maduro para suspender las facultades investigativas del Fiscal de la CPI:
Primer argumento: Que la reanudación de las funciones investigativas del Fiscal tendría consecuencias irreversibles en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Gobierno y la Oficina del Fiscal.
Respuesta de los jueces: Venezuela no demostró que existe el riesgo de consecuencias irreversibles para el Memorándum de Entendimiento, en especial porque el Fiscal de la CPI se ha comprometido a mantener la cooperación con el Estado.
Segundo argumento: La reanudación inmediata de la investigación (desde el 27 de junio) anularía el propósito de la apelación, porque el gobierno alegará (antes del 14 de agosto) por escrito, durante la apelación, que los hechos investigados por la Fiscalía no son de competencia de la CPI y, por tanto, la decisión de la Sala de Apelaciones podría dejar sin efecto las investigaciones.
Respuesta de los jueces: Venezuela no explica cómo la reanudación de la investigación del Fiscal frustraría el propósito de la apelación en caso de que la Sala de Apelaciones determine que la Corte carece de competencia. En particular, Venezuela no especifica qué actividades de investigación llevarían a consecuencias irreversibles en caso de que la investigación fuera anulada en apelación.
Tercer argumento: Las investigaciones del Fiscal de la CPI que impliquen entrevistas con los mismos testigos y presuntas víctimas generaría “un trauma innecesario y mancillaría la integridad de la evidencia”.
Respuesta de los jueces: El Estado solamente especula sobre las implicaciones de las actividades de la Fiscalía de la CPI en testigos y víctimas, y además no demuestra que la reanudación de la investigación del Fiscal daría lugar a consecuencias que ‘sería muy difícil corregir y que pueden ser irreversibles’”.
La ONG Provea asegura que esta decisión es similar a la que tomaron los jueces en la Situación de Filipinas, donde también se negaron a suspender las facultades investigativas de Kham.
En ese sentido, agrega que el Gobierno de Venezuela trató de “bloquear las actividades investigativas del Fiscal, argumentando que atentarían contra el Memorándum de Entendimiento, cuando se trata de dos facultades distintas de la Fiscalía de la CPI: las facultades investigativas y las funciones de cooperación y asistencia técnica”.
Fe y Alegría Noticias
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