Venezuela es el único país de América Latina donde obispos y sacerdotes no pueden cumplir con su deber de visitar a los encarcelados. No obstante, la acción de la Iglesia permite documentar las violaciones a los derechos humanos y lograr algunos beneficios.
La Iglesia Católica mantiene una activa pero silenciosa labor a diario para garantizar el respeto de los derechos humanos a los privados de libertad en Venezuela. Un trabajo desarrollado a través de la Comisión de Justicia y Paz que no está exento de riesgos, amenazas y duras retaliaciones.
La maratónica labor es desarrollada por un reducido equipo que coordina a decenas de voluntades en todo el país. Aunque la figura más visible es su presidente, el arzobispo emérito de Coro, monseñor Roberto Lückert, personajes como el sacerdote Saúl Ron Braasch forman parte de la compleja obra pastoral desarrollada ante un Estado que niega la justicia.
En conversación exclusiva con Reporte Católico Laico, el vicario general de la Comisión del episcopado brinda balance del panorama carcelario venezolano; así como de los avances que en esa materia promueve la Iglesia.
A diario reciben denuncias “sobre la vulneración de los derechos humanos y el debido proceso, amén de torturas y tratos crueles”, pero también acerca de una serie de irregularidades en el régimen de las visitas. Además, la Conferencia Episcopal brinda asistencia jurídica para dar soporte a denuncias que permiten intentar beneficios a escala nacional, o documentar ante organismos internacionales algunas de las lesiones e irregularidades.
En la Comisión reciben a familiares de los presos y les dan apoyo, al tiempo que cumplen una “función adicional de catarsis, porque en los organismos oficiales no tienen eco sus denuncias”.
Explica el sacerdote Saúl Ron que la Iglesia lleva adelante un permanente acompañamiento. Y es el ente que se dirige ante autoridades como la Fiscalía General de la República, “la cual tiene como función velar por la garantía de los derechos humanos; y la Defensoría del Pueblo, cuya instancia está encargada de regular eso”.
Su labor también implica la visita a los presos, toda vez que constituye una obra de misericordia como deber moral promovido por la Iglesia, con base en el principio evangélico: “Estuve en la cárcel y no viniste a verme”. (Mt. 25, 43). Sin embargo, en Venezuela a los sacerdotes les niegan ese derecho.
“Normalmente deberíamos visitar a los presos, pero no podemos hacerlo. La última visita que yo logré fue a comienzos del año 2016. Y no la hice como sacerdote porque no me hubieran dejado entrar. Tuve que hacerla como abogado, que fue cuando visité a los presos recluidos en el SEBIN y el Helicoide”.
¿Han intentado el ingreso de otros integrantes de la Conferencia Episcopal?
-Sí. Hemos mandado comisiones de todo tipo y hemos enviado incluso a obispos auxiliares, pero no ha sido posible que nos dejen pasar.
En cuanto me identifico como miembro de la Comisión de Justicia y Paz me ponen trancas. Lo que me preguntaron la última vez fue que si yo era abogado. Les dije que sí. Entregué las credenciales y solamente así pude pasar.
¿Ocurre lo mismo con los religiosos enviados por la Nunciatura?
-Al representante del Papa (Nuncio Apostólico, Mons. Aldo Giordano) lo dejaron entrar una vez. Justamente por razones diplomáticas y gracias a la asistencia que tuvo por parte de voceros del Gobierno. Pero eso fue casi una visita esporádica, muy excepcional. Sabían que los estaba observando el planeta.
¿La situación es distinta en tribunales o se repite?
-Es muy parecida. Estuve allí visitando a uno de los presos políticos, porque sus familiares nos pidieron insistentemente que acudiéramos a las instalaciones donde permanecía recluido en el Palacio de Justicia.
Allá también entré como abogado, pero con múltiples restricciones: me tomaron fotografías e hicieron peculiares requerimientos en la puerta. Además preguntaron en repetidas ocasiones cuál era el preso.
Aparte de las visitas a los presos y las gestiones ante organismos, ¿en qué consiste la documentación de las denuncias?
Hacemos las denuncias formales ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero también ante organismos internacionales. Y publicamos con frecuencia nuestros comunicados, los cuales terminan siendo una constatación de las violaciones de los derechos humanos. E igualmente realizamos exhortaciones directas a quienes corresponde, incluidas las instituciones del gobierno.
¿Les afecta el aspecto mediático?
Entre los casos de este año, algunos no logran mayor difusión pero aun así se consigue el objetivo. En otras situaciones emblemáticas se obtiene mayor repercusión mediática, como ocurrió cuando denunciamos la desaparición del general Isaías Baduel Rodríguez. En casos puntuales como ése, resulta positivo.
¿Han logrado avances este año a favor de los presos del gobierno de Maduro?
Algunos. A Vasco Da Costa, el portugués defensor de los Derechos Humanos lo liberaron. El caso del magistrado Ángel Zerpa (capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN), quien estuvo en el Helicoide con todas las restricciones y en huelga de hambre, ya al menos tiene casa por cárcel. Sobre otros casos preferimos no hacer mención, pues logramos más manteniendo las acciones en silencio, que dándolas a conocer. Pero seguimos trabajando.
¿Cómo manejan los riesgos de manipulación política?
Sabemos que estamos fichados desde hace tiempo, pero no nos arredra eso. Yo fui juez durante más de veinte años y la gente del ramo legal del país me conoce. Uso el lenguaje jurídico y también el eclesial. Esta misma semana incluí un pasaje de la exhortación apostólica papal: Evangeli Gaudium. Y en el de Caiguaripano metí citas de uno de los documentos de Aparecida.
¿Tiene miedo por su labor?
No. Porque rendimos cuentas a un solo Señor. Confiamos plenamente en alguien que no nos desampara: el único que siempre hace verdadera justicia, que es Dios.
Carlos Zapata | Reporte Católico Laico
