La crisis sanitaria de Venezuela se hizo notar hoy con las protestas de padres desesperados por la falta de tratamiento para sus niños con afecciones renales en vista de que hace dos días se agotaron los medicamentos por lo que los familiares decidieron iniciar una protesta indefinida.
La protesta se realizó en el principal hospital pediátrico del país, el J.M de Los Ríos, ubicado en el centro de Caracas, donde los representantes de unos 15 niños decidieron encadenarse a sus puertas para exigir una reunión con la directiva de la institución y con el ministro de Salud, Luis López.
El papá de una de las niñas trasplantadas, Carlos Falcón, gritó a los periodistas presentes que el grupo de manifestantes no se desencadenará hasta que aparezcan los medicamentos inmunosupresores para impedir que el cuerpo de los chicos rechace el órgano recibido.
“Entienda ministro que la vida de mi hija y la vida de cada uno de estos muchachos está en riesgo”, gritó Falcón.
Los representantes portaban pancartas en las que se leía: “Pacientes trasplantados necesitan inmunosupresores”.
Asimismo se pedía la reactivación de los trasplantes, un procedimiento suspendido desde hace meses, así como abordar el problema de la contaminación en las salas de diálisis para los que deben someterse a este tratamiento mientras esperan la llegada de un riñón donado.
La contaminación en las máquinas de diálisis ya causó la muerte de al menos tres niños el año pasado.
“Los niños trasplantados se encuentran en una situación alarmante por falta de medicamentos inmunosupresores porque hace dos días que se agotaron”, dijo a Efe el presidente de la Coalición por la Defensa del Derecho a la Salud y a la Vida de las Personas en Venezuela (Codevida) Francisco Valencia.
El activista señaló que este hospital infantil, de referencia nacional, tenía reservas de estos medicamentos para los trasplantados, pero que esta terapia desapareció en el país hace ocho meses y por lo que los adultos con trasplantes también están en una situación desesperada.
“En Venezuela ya no llegan estos medicamentos desde hace ocho meses, en el tema de trasplantes renales, inmunosupresores para trasplantes en general no han llegado desde entonces, es necesario que el Gobierno tome alguna acción urgente”, aseguró el portavoz de Codevida.
Valencia explicó que estos medicamentos son considerados “de alto costo” y desde hace más de 20 años los había garantizado el Estado a través del seguro social pues no es posible comprarlos en cualquier farmacia.
“Desde hace dos años para acá ya empieza la irregularidad en el suministro de estos medicamentos y ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se consigue ni siquiera en privado? Porque el Gobierno tiene una deuda millonaria de 5.000 millones de dólares con el sector farmacéutico que decidió entonces no enviar más medicamentos a Venezuela”, dijo.
Recordó que es el Gobierno el que, en el marco del control de cambio, autoriza las divisas para la importación de los fármacos.
“El Gobierno tiene el monopolio, el control de qué traer y qué no traer al país”, comentó y señaló a la Administración de Nicolás Maduro por no buscar “una salida” a este grave problema de escasez de medicinas tanto en el sector público como en el privado.
“El drama es que estos niños, que con el trasplante habían retomado su vida, que ahora pueden jugar porque no dependen de una diálisis, si pierden el riñón tienen que volver a una unidad de diálisis que no está en condiciones”, agregó Valencia al referirse a la falta de mantenimiento de los equipos y la contaminación.
La unidad de diálisis del J.M. de Los Ríos se alimenta de un tanque de agua que, afirma el activista, “está contaminado por falta de mantenimiento” por lo que las máquinas de diálisis son también transmisoras de bacterias y “resulta que tampoco hay antibióticos”.
Venezuela vive desde hace más de cuatro años una severa escasez de medicamentos y materiales médicos que se ha ido agravando con el paso de los meses.
En la actualidad, todos los centros públicos de salud del país presentan fallas de abastecimiento de fármacos, materiales y reactivos para practicar exámenes médicos y son los pacientes y sus familiares quienes deben pagar estos recursos, generalmente a precios altísimos, cuando se consiguen.
Nélida Fernández-EFE
