En los últimos dos meses se ha registrado una veintena de casos de rechazo de órganos por falta de los medicamentos que de por vida deben tomar los trasplantados. Unas 3.500 personas están en riesgo y los activistas insisten en que se abra un canal humanitario, una petición reiterada en las negociaciones en República Dominicana ante la que el Gobierno de Maduro no está dispuesto a ceder. Así lo reseña El País
El 25 de octubre pasado, el mismo día de su cumpleaños, Maribel Torres llevaba varios días ingresada en el Hospital Universitario de Caracas porque sentía debilidad, dolor en el pecho y tenía los valores sanguíneos alterados. “A finales de mes me dieron el alta y me dijeron: ‘Usted perdió el riñón’. Ahí fue que me enteré que tenía que buscar un cupo en el Seguro Social para entrar en diálisis de nuevo y que en Venezuela ya no se hacen más trasplantes”.
Durante 12 años, Torres cuidó el riñón que le trasplantaron un 19 de abril de 2005. Recuerda con exactitud ese día: recibió una llamada en la que le indicaban que había aparecido el donante que había esperado durante casi tres años y en seguida tomó un taxi desde Cantaura, en el oriente del país, hasta Caracas, a 410 kilómetros, para someterse a la operación. Este 2017 no pudo hacer nada para mitigar los efectos de la falta de medicinas. Los tres inmunosupresores que tomaba para que su cuerpo no rechazara el órgano que le dio una segunda oportunidad se agotaron y aunque pidió a familiares que se los trajeran del exterior no llegaron a tiempo. Consiguió solo uno de ellos por una donación y aunque estaba vencido se lo tomó sin que surtiera efecto.
Un mes sin los fármacos, que en Venezuela solo se pueden conseguir a través de las farmacias del Gobierno, puede ser fatal para los trasplantados. A la semana sin tomarlos empiezan a sentirse mal, a los 15 días las consecuencias pueden ser irreversibles, después de un mes sin las dosis requeridas el diagnóstico que dan los médicos es de fracaso renal.
Como el de Torres, se han repetido en los últimos dos meses una veintena de casos de rechazo de riñones trasplantados por la aguda escasez de medicinas que atraviesa Venezuela, que alcanza el 85% de los productos farmacéuticos, según cifras de la Federación Farmacéutica. La escasez de medicinas es el principal argumento de la oposición venezolana para exigir que se permita la entrada al país de ayuda humanitaria a la que reiteradamente se niega el Gobierno. Además es uno de los punto en la agenda de la nueva ronda de negociaciones que se inició en República Dominicana este mes.
A estas cifras, se suman este fin de año cinco muertes de pacientes que primero perdieron el órgano por falta de pastillas y después la vida, asegura Francisco Valencia, presidente de Codevida, una coalición de organizaciones que lucha por los derechos de los enfermos crónicos en Venezuela.
Valencia, que también ha recibido un trasplante de riñón, comenzó a llevar la cuenta de estos casos, inéditos en medio siglo de historia de estos procedimientos en Venezuela. “Todas las noches llama alguien con un caso, angustiados, porque perder el órgano es perder la vida. Esto nunca había pasado en el país. El Gobierno cada vez que niega la ayuda humanitaria y que estamos en una emergencia, no sabe por el trauma que están pasando 3.500 trasplantados en el país y sus familiares”, dice el activista que participó como miembro de la sociedad civil en la sesión del 1 y 2 de diciembre en República Dominicana.
El presidente Nicolás Maduro ha negado una y otra vez la ayuda internacional bajo el argumento de que se trata de una injerencia extranjera. “Venezuela es un país pujante, trabajador, no es un país de mendigos como han pretendido algunos con aquello de la ayuda humanitaria. No. Venezuela produce su cosa vale y uno se siente orgulloso”, dijo al día de la siguiente de la sesión en la que las ONG expusieron a los seis cancilleres negociadores la gravedad de la crisis por la que atraviesa el país. Y su ministro de Salud, Luis López, también lo ha secundado advirtiendo que no permitirá la entrada “de una supuesta ayuda humanitaria cuando nuestro pueblo está siendo atendido por el presidente Nicolás Maduro”.
El calvario de la diálisis
Luz Marina Cañizález intentó ingresar esta semana al hospital del Seguro Social en San Cristóbal, en el occidente de Venezuela. “Tiene mucho decaimiento, dolores de cabeza, la hemoglobina baja y la urea y la creatinina altísimas. Los médicos le dijeron que está presentando un cuadro de rechazo agudo del riñón, pero que de nada vale hospitalizarla porque aquí no hay ni camas ni comida, así que le harán el tratamiento en casa”, cuenta su hija Nairobi Camero.
Cañizález recibió un trasplante en 2002 y desde entonces no había tenido una crisis así. Apenas dos meses sin conseguir los medicamentos y se revirtió toda la calidad de vida ganada tras recibir el nuevo órgano. La mujer de 55 años de edad debe tomar una combinación de tres fármacos y aunque algunos lograban comprarlo en la ciudad colombiana vecina de Cúcuta, no siempre los conseguía todos, ni tampoco siempre podía pagarlos. Aún no le han dicho si debe volver a diálisis, pero es una posibilidad que dispara una nueva preocupación familiar y abulta la presión sobre los ya colapsados servicios hospitalarios en el país sudamericano.
En Venezuela, 17.000 personas deben acudir a centros de diálisis para que una máquina haga el trabajo que ya no pueden hacer sus riñones. Las unidades públicas operativas (10 en todo el país) son insuficientes y los equipos para realizar el procedimiento también escasean y los suministra únicamente el Gobierno, explica Lucila Velutini, presidenta de la Organización Nacional del Trasplante, ente que hasta 2012 estaba encargado de toda la política para estos pacientes y que luego fue sustituida por una fundación adscrita al Ministerio de Salud.
“En Venezuela ocurre algo que no ocurre en otro país, que una persona con insuficiencia renal pasa hasta nueve años de su vida dializándose. Se supone que esta es una situación temporal mientras se logra el trasplante”, apunta Velutini.
Maribel Torres, que reside en Maracay, en el centro del país, acudió a la unidad de su provincia y no consiguió cupo. Por ello, desde que perdió el riñón debe viajar tres veces por semana hasta Los Teques, a unos 80 kilómetros. “Es un calvario tener que volver a esto, a veces no quiero ir. Me toca tomar un autobús a las 7.00 horas de la mañana y volver a las 9.00 de la noche a mi casa agotada por la diálisis”.
Trasplantes en caída
La agudización de la crisis humanitaria, que la Asamblea Nacional desmantelada por el Gobierno decretó en 2016, tiene su expresión en la caída de los trasplantes en Venezuela. Del mayor pico logrado en 2012, con 134 donaciones efectivas de órganos, se pasó a 17 en 2016.
La caída en los últimos cinco años ha sido tan abrupta que en mayo, el Gobierno decidió suspender totalmente los procedimientos por la situación que atraviesan los centros de salud, una especie de reconocimiento de la crisis que los voceros niegan en las negociaciones. Actualmente, la lista de espera por un trasplante supera las 5.000 personas.
“A principios de año se hicieron un par de trasplantes y se logró la procura de un riñón que también se perdió porque no pudo realizarse la cirugía. La situación de los trasplantados es gravísima y tememos que va a empeorar por la ausencia total de los fármacos inmunosupresores. Al faltar los medicamentos, esas personas que tuvieron una segunda oportunidad en la vida, el Gobierno se las está quitando”, dice Velutini.
La exigencia de la apertura de un canal humanitario es reiterada por las organizaciones de pacientes. Francisco Valencia, de Codevida, señaló que en República Dominicana se presentaron las vías para acceder a los fondos de medicinas de la Organización Panamericana de la Salud para paliar la situación que no solo afecta a los trasplantados sino a cuatro millones de pacientes con patologías crónicas en el país. “Al parecer no hay una intención del Gobierno de hacer algo por los enfermos en Venezuela y entre los cancilleres latinoamericanos existe la preocupación de este tema no puede supeditarse a los lapsos de una negociación, porque realmente estamos en una emergencia”.
El País
