Por Carlos Zapata.-
El informe de la Vicaría de Caracas se suma a los aportes de Provea, Espacio Público, Cecodap, Cofavíc y el Observatorio de Prisiones. El esfuerzo ayuda a obtener mejoras y garantías en medio de una nación cada vez más sometida a la persecución y el autoritarismo oficial.
Desde el primero de enero del año 2016 al 31 de diciembre de 2017 ha sido un rasgo resaltante “la actitud hostil de las autoridades de los poderes públicos venezolanos” hacia los defensores y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Es una de las conclusiones del “Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela” al que tuvo acceso Aleteia, el cual será analizado durante un Taller de DDHH el próximo sábado 27 de enero del 2018 en Caracas, en una actividad organizada por la Iglesia Católica.
El informe, desarrollado por la Vicaría de Derechos Humanos, destaca que la **conducta negativa del gobierno de Nicolás Maduro “puede ser calificada como política sistemática del estado”, debido a su “reiteración y sobre todo por su obstinada negativa a aceptar los pronunciamientos y recomendaciones de los funcionarios y órganos de protección de los derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal”.
La publicación cuenta con un prólogo de Raúl Cubas, quien en su condición de miembro asociado de PROVEA y activista de Amnistía Internacional, destaca como logros el hecho de que el informe “incluyó por primera vez no solo la situación de los defensores de las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos”, sino también a “dirigentes sindicales y campesinos”.
Además, sostiene que el posterior monitoreo y la presentación anual de nuevos informes “contribuyó a mejorar y erradicar las prácticas violatorias de los derechos”; así como a defender a sindicalistas y dirigentes campesinos. Al punto que atribuye a este esfuerzo la “significativa” disminución de los asesinatos y amedrentamientos.
Señala el activista que ante las evidencias presentadas en los sucesivos informes, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo iniciaron acciones en los ámbitos de sus respectivas competencias, “que ayudaron a disminuir la violencia que afectaba a este sector de defensores de los derechos humanos”.
Por otro lado, los reportes con su presentación ante organismos internacionales, tanto de la Organización de Estados Americanos (OEA) como de las Naciones Unidas (ONU), “han servido como insumo para el conocimiento de la situación y el posterior pronunciamiento de estos, que han recomendado al gobierno venezolano (tomar) acciones para proteger a los defensores”.
Los informes de la Vicaría han motivado además a otros actores nacionales “a monitorear, denunciar y apoyar a los defensores de derechos humanos”, lo que fortalece el accionar conjunto “en pro de garantizar la protección y seguridad de los activistas y organizaciones afectadas”.
En su completa investigación, la Iglesia Católica lamenta que “lejos de poner fin al discurso criminalizador, intolerante y estigmatizador hacia los defensores de los derechos humanos, las autoridades de los poderes públicos se han atrincherado en un discurso destinado a hacer ver a la opinión pública a los defensores de derechos humanos como integrantes de un vasto plan internacional destinado a derrocar al gobierno venezolano”.
Advierte además que tal discurso de manipulación “se ha extendido a los propios funcionarios de organizaciones internacionales intergubernamentales, fundamentalmente de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas”.
Y sostiene que según esta lógica polarizadora, “toda persona u organización que emita un pronunciamiento crítico hacia políticas públicas o actos lesivos a los derechos humanos, es inmediatamente estigmatizada como conspiradora y receptora de financiamiento externo destinado a conspirar contra las autoridadesde los poderes públicos”.
El comportamiento del gobierno venezolano “muestra un recrudecimiento al acentuarse el empleo de medios de televisión, radio, prensa escrita e internet en donde funcionarios públicos exponen al desprecio público a defensores de los derechos humanos; e inclusive difunden información privada obtenida por medios ilícitos de espionaje, como interceptación de telecomunicaciones privadas o el empleo de espías”.
Ante la crisis que hoy vive Venezuela, el desafío es continuar la defensa, educación y documentación, sostiene Cubas; “pero en un contexto donde la labor es desprestigiada desde el poder y manipulada por propios y extraños” debido al clima de polarización política “que tiñe todas las actividades del colectivo nacional”.
La visión del representante de Amnistía Internacional y PROVEA es, sin embargo, optimista: “Llegará el tiempo de la verdad y la justicia. Y para contribuir a ese proceso debemos trabajar estratégicamente en la documentación de las violaciones a los DDHH y al estado de derecho”.
Para encontrar en el futuro la verdad y la justicia a la que alude considera necesario “monitorear y documentar, que no es otra cosa que construir la Memoria”. Por ello, los informes de la Vicaría de Caracas, “acompañados por los que realizan Provea, Espacio Público, Cecodap, Cofavíc, el Observatorio Venezolano de Prisiones” y tantas otras organizaciones “son valiosos insumos” que marcan la ruta para dar luz al final del túnel.
