Los obispos venezolanos pidieron hoy al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, que el sábado salió ileso de un atentado con explosivos, que cese la “represión violenta contra los ciudadanos”, e instaron a los grupos defensores de los derechos humanos a estar “atentos” ante posibles violaciones.
A través de un comunicado, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) instó al Gobierno de Maduro “a cesar la represión violenta contra los ciudadanos”, y aseguró que estas acciones “se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país”.
El texto de los obispos se divulga 5 días después del atentado del que el Gobierno acusa al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y a los diputados opositores Julio Borges y Juan Requesens, a quienes la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que no reconocen numerosos Gobiernos del mundo, les levantó ayer el fuero.
De acuerdo con la Fiscalía del país, al menos 19 personas están involucradas en el atentado, por el que hay al menos 7 detenidos, incluido Requesens cuya familia asegura que no ha podido ver y que se encuentra “desaparecido”.
Mientras que sobre Borges, quien se encuentra en Colombia, pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.
En tal sentido, la CEV exigió que las investigaciones sigan “los canales propios del proceso penal llevado por los tribunales competentes”, y que las detenciones que se practiquen no conlleven a “tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas”.
“Invitamos a todos los grupos y vicarias de DDHH a estar atento de violaciones de derechos humanos, sistematizar todas las acciones y denunciar en las instituciones rectoras todo acto que viole el debido proceso”, se añade en el documento.
Los obispos, que ya se solidarizaron con los trabajadores públicos que demandan en las calles desde hace más de 40 días mejoras salariales, emitieron un comunicado en julio pasado donde responsabilizaron a Maduro por la severa crisis económica que atraviesa Venezuela, expresada en desabastecimiento e hiperinflación.
Entonces, los obispos aseguraron que Maduro es “el principal responsable” de la crisis “por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso humanitaria”, reseñó Efe.
A continuación el comunicado
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela, consciente del momento crítico que vive nuestro país y tomando en cuenta muy especialmente la situación generada por el presunto atentado contra el mandatario Nicolás Maduro el pasado día 4 de agosto, considera lo siguiente:
1) Los hechos punibles que se investiguen, deben determinarse siguiendo los canales propios del proceso penal llevado por los Tribunales competentes que impliquen la existencia del delito y su tipificación, condiciones indispensables para determinar las responsabilidades y culpabilidades consiguientes.
2) Las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos en base a indicios o presunciones de la responsabilidad penal, no conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas, supuestos que atentan a todo evento contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos.
3) El Consejo Moral Republicano, conformado por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República de acuerdo a sus competencias y atribuciones constitucionales están en la obligación de velar por el efectivo respeto y garantías de los Derechos Humanos, investigando de oficio las denuncias que conozcan, amparar y proteger los intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra las arbitrariedades y desviaciones de poder, interponiendo las acciones necesarias, que conduzcan a determinar la responsabilidad de los funcionarios de cualquier instancia que vulnere los Derechos Humanos.
Vistas estas consideraciones, esta Comisión de Justicia y Paz con base al Evangelio, el magisterio de la Iglesia y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, insta al gobierno nacional a cesar la represión violenta contra los ciudadanos, acciones que se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país. Así mismo, recuerda al Consejo Moral Republicano la obligación de proteger los Derechos Humanos de los ciudadanos y a investigar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que vulneren estos derechos.
Invitamos a todos los grupos y vicarias de DDHH a estar atentos de violaciones de derechos humanos, sistematizar todas las acciones y denunciar en las instituciones rectoras todo acto que viole el debido proceso.
Mantengámonos en oración permanente y que el Señor nos conceda el Don de la paz y de la concordia.
Es justicia en la ciudad de Caracas a los 9 días del mes de agosto de 2018.
+Mons. Roberto Lückert
Arzobispo Emérito de Coro
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV
Pbro. Saúl Ron Braasch
Vicario General de Justicia y Paz
