A través de una carta dirigida al Presidente, la Iglesia y la sociedad civil piden tomar medidas profundas que permitan al país “cumplir el mandato constitucional de la ciudadanía universal”.
Mayor apoyo para la inclusión y flexibilidad en las condiciones para regularizar su condición migratoria, son algunos de los asuntos impostergables ante la crisis
Frente a la crisis que viven migrantes, refugiados y desplazados en el Ecuador, el director de pastoral social, Josetxo García, el director del Servicio Jesuita a Refugiados, Fernando López, y la coordinadora de la Misión Scalabriniana, Lelis da Silva, junto con organizaciones y personalidades de la sociedad civil, dirigieron una carta abierta al presidente Lenín Moreno –el pasado 18 de agosto– en la que plantean una serie de propuestas que a su juicio “deben ser tomados en cuenta, pues si las soluciones no son estructurales y sistémicas no van a dar resultados efectivos”.
“Esta misiva tiene como objetivo realizar un alcance a la carta que le hicimos llegar el 25 de junio y que también la conocieron otras autoridades, siempre pensando en establecer propuestas que nos permitan el ejercicio amplio de los derechos y por ende que esto aporte al desarrollo global del país”, explican los firmantes.
Respuestas parciales
Las organizaciones recordaron que en la comunicación de julio habían pedido a las autoridades declarar en emergencia al sector de movilidad humana. Sin embargo, a través de la resolución 000152 “se ha dado una respuesta parcial sobre este asunto, y la misma no ha abordado temas importantes y estructurales como la posibilidad de flexibilizar las condiciones para la regularización de las personas que lo requieran e incluso plantear una amnistía migratoria, elemento esencial para la integración”.
Si bien se reconoce que “se ha podido movilizar algunas iniciativas”, no obstante se advierte que “estas son insuficientes tanto en lo estructural como en lo emergente”. De ahí el llamado de la Iglesia y las organizaciones civiles a “tomar una medida profunda y trascendental que permitirá cumplir el mandato constitucional de la ciudadanía universal”.
De este modo, también se espera prevenir “posibles acciones negativas como la presencia de redes de trata y tráfico alrededor de los puntos de registro, albergamiento permanente o transitorio, y de otros espacios ocupados por la población”.
El grave problema de la inclusión
Otro aspecto que señala la dimensión de movilidad humana de la Iglesia ecuatoriana es la atención emergente de la población desplazada: “se ha convertido en un grave problema para quienes están llegando al Ecuador sin ningún recurso de subsistencia”, señala la misiva.
A esto se suma que “la capacidad de los pocos albergues se encuentra desbordada; el acceso a alimentación y medicina básica de población que lo requiere es poco efectiva; la atención emergente a personas con alto riesgo no ha sido la adecuada ni se ha mantenido de manera permanente”.
“Todo esto configura un grave problema en el primer momento de inclusiónque es necesario superarlo bajo el liderazgo de las instancias de protección especial”, agregan quienes suscriben la carta.
Pedir pasaportes a venezolanos agrava el problema
Por otra parte, tras las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior de Ecuador, en los últimos días, de exigir pasaporte a todos los venezolanos, las organizaciones eclesiales de migración expresaron su preocupación, calificando este tipo de iniciativa como un agravante del problema.
“Esto a más de ser inconstitucional (pues es una medida discriminatoria contraria a lo establecido en el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución) e ilegal (pues contraria a lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Movilidad Humana); agravará las condiciones que se están viviendo en todos los puestos fronterizos”, advirten.
A la fecha se contabilizan más de 3.000 venezolanos en la frontera de Ipiales, con Colombia, como lo dio a conocer la pastoral social. Por ello, a juicio de estas organizaciones, “la situación en Venezuela es alarmante y no va a cesar en el corto plazo” tal como lo ha denunciado la propia Conferencia Episcopal Venezolana.
Adopción de resoluciones adecuadas
Aunque se ha pedido al Presidente la “aplicación correcta de la determinación de la condición de refugiado para todas las poblaciones y en particular la venezolana, lastimosamente esta propuesta no ha sido ni siquiera atendida y se mantiene la discrecionalidad por parte del personal de Cancillería que analiza estos casos”.
Asimismo, los solicitantes maniestan su inquietud ante la propuesta de instalación de mesas de diálogo para abordar temas emergentes como la atención a migrantes venezolanos (a corto plazo) y la reforma normativa y de la política de movilidad humana (a largo plazo), considerando que “aún no han podido llenar todas las expectativas; razón por la cual, solicitamos que se disponga a los diferentes Ministerios que tienen competencia en la materia, para que se abra estos espacios de debate y de adopción de resoluciones adecuadas a los requerimientos actuales”.
El peligro de la xenofobia
En este mismo sentido, enumeraron un conjunto de temas que deben ser abordados de manera específica y adecuada para evitar que se agraven con el tiempo, entre los cuales destaca la aplicación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la eliminación de multas migratorias, y propiciar condiciones favorables para el retorno de ecuatorianos desde Venezuela.
Por último, frente al creciente problema de xenofobia, se estima que “es importante que desde el Estado Ecuatoriano se lleve mensajes adecuados a la sociedad en función de ver y empatizar en torno a la realidad migratoria que se está viviendo en la actualidad”, por tanto, “es importante orientar acciones comunicacionales masivas desde el propio Estado, para promover la integración de la población en las diferentes localidades”.
Vida Nueva
