El Episcopado invita a estar atentos a las violaciones de los derechos humanos y al debido proceso de los presos políticos y comunes.
Visitar a los presos, o como se les dice en Venezuela: a los “privados de libertad”, es una de las obras de misericordia que cumplen los cristianos en el mundo entero. Tiene como base la expresión de Jesucristo recogida por san Mateo: “Estuve en la cárcel y me visitaron”. También, la carta a los Hebreos, recuerda: “Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir”.
La iglesia católica venezolana asume para sí este compromiso y ante la encrespada realidad social y política en que está inmersa, constantemente lo recuerda no solo en la oración, sino que lo practica llevando comida, ropa y medicamentos a los centros de reclusión. Todo, a pesar de que el cumplimiento de esta obra de misericordia, la mayoría de las veces encuentra impedimentos por parte del gobierno venezolano.
Solidaridad con presos y familiares
“Las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos en base a indicios o presunciones de la responsabilidad penal (…) conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas, supuestos que atentan a todo evento contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos”, recordaron desde la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Roberto Lückert León, arzobispo emérito de Coro y el padre Saúl Ron Braasch, ambos de la comisión de justicia y paz.
“Nadie puede ser privado de la dignidad”, titularon el comunicado enviado a los medios, a propósito de la detención y el proceso judicial llevado a cabo contra el diputado Juan Requesens, acusado de formar parte del supuesto atentado contra Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto, en la avenida Bolívar de Caracas.
En ese contexto, la Iglesia insta al gobierno nacional “a cesar la represión violenta contra los ciudadanos, acciones que se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país”. Igualmente, pide al Consejo Moral Republicano “proteger los Derechos Humanos de los ciudadanos y a investigar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que vulneren estos derechos”.
Recientemente en la iglesia Don Bosco de Altamira, celebraron una misa en la que familiares, amigos y ex presos políticos, pidieron por el diputado Juan Requesens y el estudiante Lorent Saleh. A la fecha, el parlamentario lleva 16 días sin que pueda ser visitado por sus familiares; mientras el universitario, detenido desde hace cuatro años, en Colombia y deportado a Venezuela, nunca ha sido presentado en los tribunales y tiene 52 audiencias diferidas. Ambos están confinados en los calabozos del Sebin.
“Mantengámonos en oración permanente y que el Señor nos conceda el don de la paz y de la concordia y la esperanza”, pidió el sacerdote oficiante, recordando el comunicado de la comisión de justicia y paz. “La iglesia no se olvida de los presos, sean políticos o comunes porque Jesucristo estuvo preso injustamente por el poder de turno”, acotó.
Yamile Saleh, madre de Lorent, siempre agradece el apoyo del Vaticano y de la Iglesia venezolana – tal fue un reconocimiento hecho público al Nuncio Apostólico, monseñor Aldo Giordano – “que nos acompaña en cada momento de angustia y zozobra que vivimos todos los familiares de los presos políticos”. También ha hablado con los cardenales Baltazar Porras Cardozo y Jorge Urosa Savino, y ambos “expresaron su solidaridad y me exhortaron a seguir luchando por la libertad de mi hijo”, ha dic
Fallas en el “debido proceso”
En Venezuela, hay 357 presos políticos en diferentes cárceles: 79 militares y 278 civiles; 50 mujeres y 307 hombres; 12 son menores de edad y 343 adultos; mientras las cárceles comunes agrupan cerca de 60 mil privados de libertad. Es un sistema carcelario donde reinan el hacinamiento, la violencia, la insalubridad y los retardos procesales.
En ese contexto, la iglesia venezolana, conocedora del sistema judicial y penitenciario, entre sus muchas exigencia exhorta a las autoridades del país a cumplir “los canales propios del proceso penal llevado por los tribunales competentes que impliquen la existencia del delito y su tipificación, condiciones indispensables para determinar las responsabilidades y culpabilidades consiguientes”.
Ramón Antonio Pérez/Aleteia Venezuela
