90% de los venezolanos no tiene los ingresos suficientes para comprar los alimentos que necesitan, y la mitad de la población es pobre por necesidades no atendidas, o estructuralmente pobre. Este es el principal resultado de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2018, presentada ayer en la Universidad Católica Andrés Bello.
En cinco años de entrega de la investigación, que se realiza en conjunto con la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, destaca que la pobreza estructural ha subido 10 puntos (de 41 a 51%) en los años de 2014 a 2018.
“En los últimos tres años la pobreza multidimensional creció 10 puntos y en 2018 alcanzó a la mitad de los hogares (51%), mientras 80% de los hogares presenta riesgo de inseguridad alimentaria, debido a que 90% de la población no tiene ingresos suficientes para comprar alimentos”, destacó la investigadora Anitza Fréitez al presentar el sondeo, que incluyó la presentación del lado de programas sociales del “Plan País” del Gobierno interino designado por la Asamblea Nacional.
Advirtió que la Encovi muestra que se ha producido un incremento en la mortalidad infantil y una reducción de la esperanza de vida al nacer.
“Nuestros estudios estiman que entre 2017 y 2019 el volumen de muertes infantiles a causa de la crisis alcanzará 20.000 fallecimientos en menores de un año. Venezuela también perdió 3,5 años en la esperanza de vida al nacer, algo asociado a las condiciones de desarrollo y bienestar de la población. Solamente los países de la federación rusa durante la crisis de disolución de la Unión Soviética o Camboya luego de la guerra tuvieron una situación similar, lo que indica cuan grave es la situación”, señaló Fréitez.
Fréitez sostuvo que cualquier plan de atención debe focalizarse adecuadamente para atender a los sectores más urgidos. Puso como ejemplo la pobreza, que se está haciendo más amplia y severa dependiendo de la región del país. Indicó que mientras en la Gran Caracas el 33,8% de la población es pobre (399 mil hogares) en ciudades pequeñas esta situación alcanza al 75% de los habitantes (más de 1 millón de hogares).
“Hay que municipalizar los programas sociales para poder llegar en cada región a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad social, es decir, a los que están expuestos a mayores riesgos en su bienestar por falta de respuesta del Estado”, indicó la investigadora de la Encovi.
El proyecto
Los investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello propusieron un programa de acción cuya primera fase, llamada “de emergencia”, está concebida para desarrollarse durante nueve meses a un año y dirigida especialmente a los sectores más vulnerables.
Según explicó Luis Pedro España, el plan contempla otorgar un subsidio monetario directo a 51% de la población durante tres meses (equivalente a 3,9 millones de hogares) para garantizar su acceso a alimentos y medicinas.
Apuntó que la ayuda estaría focalizada geográficamente. Es decir, la recibirían 75% de los hogares de las ciudades pequeñas, 46,3% de los hogares de las ciudades medianas y 40,6% de los hogares de las ciudades medianas. “La idea es otorgar el subsidio por unos 90 días, para luego reducir la entrega de este apoyo a 30% de la población a medida que la economía se vaya reactivando”.
Otra estrategia es la activación de un programa de alimentación escolar para atraer y retener a los niños y adolescentes en el sistema educativo, el cual estaría dirigido a unos 2 millones de infantes y a unos 586 mil adolescentes de hogares pobres.
El plan también incluye la atención médica y nutricional a unos 800 mil niños menores de cinco años y unas 232 mil mujeres embarazadas en riesgo o situación de desnutrición, utilizando la escuela como centro de política social comunitaria y de acuerdo a la distribución geográfica de la población más pobre.
Durante la fase de emergencia, el plan propone generar 981 mil empleos y otorgar pensiones universales a 633 mil adultos mayores de hogares pobres que, actualmente, están fuera de la seguridad social.
Luis Pedro España estima que el costo de este programa estaría ubicado en unos 8.000 millones de dólares, monto que podría conseguirse a través de financiamiento internacional.
El diputado Juan Andrés Mejía, presidente de la comisión que promueve el Plan País, celebró el aporte de la UCAB a través de la Encovi y ratificó el compromiso de la Asamblea Nacional de poner en marcha el proyecto, en consenso con otros sectores políticos y productivos.
