La difamación e injuria de la “ministra” contra el Obispo Moronta y el seminario diocesano
(Especial para La Grey Digital, por Pbro. Edgar Sánchez).
Shakespeare afirmaba que “la violencia es el arma de los sin razón”. Y citamos al gran dramaturgo europeo para referirnos al caso de la “ministra” de prisiones (asi en minúscula y entre comillas porque al igual que el resto del gabinete ejerce ilegal e ilegítimamente el puesto) la cual no tiene argumentos -ni los ha tenido ni los tendrá- para descalificar al Obispo del Táchira Mons. Mario Moronta. Y no saciada la “ministra”, resulta que ahora, pretendiendo humillar más al Obispo, arremete contra el honor, la dignidad y la reputación del SEMINARIO DIOCESANO SANTO TOMAS DE AQUINO, la Institución que está no sólo en el corazón del Obispo del Táchira sino también del mismo Táchira. Al parecer, el reiterado actuar violento y difamador de la “ministra” confirma el pensamiento de Shakespeare.
Cuando alguien hace o dice algo contra la dignidad y el honor de otra persona…, cuando hace pública una información negativa y/o falsa en contra de una persona (natural o jurídica) perjudicando su buen nombre, su fama y de su honor, comete DELITO DE INJURIA Y DIFAMACIÓN.
Lo recientemente dicho por la “ministra” de prisiones en declaraciones públicas perjudica no sólo el buen nombre, la fama y el honor de nuestro Obispo Diocesano, sino tambien de nuestro Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino, que por 95 años, (sí, por 95 años ininterrumpidos!), ha servicio al Táchira y a Venezuela. En efecto, el Seminario Diocesano de San Cristóbal es uno de los bachilleratos más antiguos del Táchira (Seminario Menor), y también es el primer centro de educación superior del Táchira (Seminario Mayor). Si algo ha hecho el Seminario Diocesano por el Táchira y por Venezuela en sus 95 años de existencia, es educar. Tal vez esto de EDUCAR es lo que más le repugna a la “ministra”.
“A confesión de partes, relevo de pruebas”, dice la sentencia. Pero en el caso de la “ministra” está tanto la confesión como las pruebas. En efecto, ella, abusando de su poder, fue la que impidió de modo autoritario y despótico el ingreso del Obispo del Táchira a la cárcel. Sin duda alguna que ella violentó pública y notoriamente (y se jacta de haberlo hecho) tanto el derecho que tiene el Obispo Moronta de ejercer su legítimo ministerio pastoral, como el derecho que tienen los privados de libertad de celebrar su fe… Ojalá la “ministra” pudiera entender que su despótica y cruel acción violentó más el derecho y la dignidad de los privados de libertad -a los cuales debe servir- que al mismo Obispo Moronta. El sentido común de la justicia y el más mínimo humanismo exige garantizar sobre todo los derechos de los más debiles. La evidencia es clara: fue el odio y la venganza contra el Obispo y no el bien y el servicio hacia los reclusos el móvil de la “ministra”.
Pero la violencia y la sin razón parecen no tener límites. Y ahora la “ministra”, en declaraciones que inútilmente pretenden cobrar más venganza y humillar más al Obispo del Táchira, estaría cometiendo el delito de difamación e injuria contra el honor, la buena imagen y la fama del SEMINARIO DIOCESANO y de sus SEMINARISTAS.
Aunque se pueda pensar que sea tiempo perdido acudir hoy en día a las instituciones del Estado para pedir se haga justicia, sin embargo, es justo y necesario PROCEDER LEGALMENTE contra las infelices e infundadas declaraciones de la “ministra” hechas contra el honor del Seminario Diocesano y la buena fama de los Seminaristas y su protección integral. Uno de los mejores servicios que las autoridades del Seminario Diocesano(Rector y formadores) y de la Iglesia del Táchira (Obispo, sacerdotes y laicos) pueden hacer en favor del Seminario y de sus Seminaristas, es la de ABRIR CAUSA LEGAL contra estas declaraciones públicas, negativas, infundadas y de mala fe vociferadas por la “ministra” de prisiones. Aquel decir milenario de que “las personas pasan pero las instituciones quedan”, ayudará a pensar aquilatadamenre y a proceder resueltamente.
En efecto, los delitos de injuria y difamación están tipificados tanto en la CONSTITUCIÓN NACIONAL como en el CÓDIGO PENAL. También el CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA contiene una doctrina concreta sobre el “derecho al honor” y el “deber de la reparación” lo cuales no son electivos sino que “obligan en conciencia”. Veamos brevemente lo que exponen estos documentos.
La CONSTITUCIÓN NACIONAL, en el Art. 60, dice que toda persona (natural y jurídica) tiene derecho a la protección de su honor, de su propia imagen y de su reputación.
El CÓDIGO PENAL VENEZOLANO, en el Art. 442, dice que quien imputara a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de hasta cuatro años… También dice el Código que si la difamación se produce en documento o medio público, se tendría como PRUEBA del hecho punible. Por lo tanto, las evidencias que podrían incriminar a la “ministra” de delitos de injuria y difamación contra el Seminario Diocesano, y las pruebas son suficientemente públicas y notorias.
Y el CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA en el numeral 2470 dice que “cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre, a su reputación y a su respeto.” Y en el numeral 2487 refiere “el deber de reparación” el cual “obliga en conciencia”. Creo no estar equivocado sostener que custodiar el “derecho al honor” de nuestro Seminario Diocesano también “obliga en conciencia” a la Iglesia del Táchira.
¿Qué hacer ante este acto de injuria y difamación de la “ministra” contra nuestro Obispo y nuestro Seminario Diocesano? La respuesta ya está dada. No hay duda que se debe ejercer en favor de los mismos “el derecho al honor” exigiendo legalmente ante los órganos de justicia que la otra parte ejerza “el deber de la reparación” conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano.
Si el actuar común de los sin razón es proceder con violencia verbal y física, con todo tipo de falacias y sofismas…; el actuar de los guiados por la recta razón (recta ratio) debe ser el proceder conforme a la verdad, a la justicia y al estado de derecho. Silenciar y no hacer nada sería tan injusto e indignante como el actuar de la “ministra”. Por lo tanto, ante este caso -e insisto- es necesario actuar conforme tanto a los principios de la verdad y de la justicia como al espíritu del estado de derecho. Si actuamos así LA HISTORIA nos lo reconocerá, y si no actuamos nos lo demandará.
Pbro. Edgar Sánchez, Diócesis de San Cristóbal, Venezuela
