Al menos 4 muertos, 240 detenidos y 300 heridos es el trágico balance de la aguda represión de las autoridades contra los manifestantes, lo que ha recibido enérgica condena de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, la cual exige el cese inmediato de la violencia.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un comunicado en el cual expresa “preocupación por los hechos acontecidos durante las manifestaciones realizadas en el país durante los días 30 de abril al 02 de mayo de 2019”, que culminó con un “lamentable saldo de 4 personas asesinadas, 240 detenidos y más de 300 heridos”.
La Iglesia Católica lamentó “las agresiones a la libertad de prensa en la que doce trabajadores fueron víctimas de distintos tipo de violencia, cinco reporteros heridos con perdigones, una emisora robada y al menos tres medios sacados del aire”.
Al mismo tiempo, condena “el ataque violento al templo de Nuestra Señora de Fátima en Barrio Sucre de San Cristóbal, estado Táchira”.
Desde la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado, los obispos venezolanos sostienen que tales “acciones de criminalización, violencia y represión suscitadas en las manifestaciones son contrarias a las obligaciones de respeto y garantía de los Derechos Humanos contemplados en la Constitución venezolana y son violatorias de los tratados internacionales en la materia suscritos por la República”.
En este aspecto, exigen a las autoridades “el debido respeto y garantía de los Derechos Humanos, el cese inaplazable del uso criminal de la fuerza letal para el control de las manifestaciones y la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente”.
Llamado a las fuerzas militares y de seguridad
A través del comunicado, emitido durante la tarde de este jueves 2 de mayo, la Iglesia venezolana exige una vez más, “tanto a los superiores de la Guardia Nacional, SEBIN, PNB, como a los efectivos de estos cuerpos de seguridad y a los llamados colectivos, el debido respeto y garantía de los Derechos Humanos, el cese inaplazable del uso criminal de la fuerza letal para el control de las manifestaciones y la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente”.
Solicita además que “la Asamblea Nacional determine las responsabilidades de estos hechos a fin de que sean tramitadas ante las instancias correspondientes”.
Recuerda igualmente que “las obligaciones en cuanto al respeto de los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a manifestar, al debido proceso y a la libre expresión del pensamiento, son inviolables y que cualquier vulneración a estos pueden derivar en delitos que son imprescriptibles y no pueden ser justificados por obediencia debida”.
En este aspecto, exhorta “al pueblo fiel y a los hombres y mujeres de buena voluntad” a elevar oraciones “por el restablecimiento de la concordia y la fraternidad, por el descanso eterno de los fallecidos, y el consuelo de los familiares de las víctimas”.
Carlos Zapata | Reporte Católico Laico
