El Colegio Nacional de Periodistas, en fiel cumplimiento a los postulados democráticos que crearon nuestra institución gremial, les exige a las autoridades nacionales el resguardo y protección de los periodistas en el ejercicio de su sagrado deber constitucional de buscar la información y transmitirla, cumpliendo con la Ley de Ejercicio del Periodista, vigente, y demás leyes de la República.
En días pasados, observamos con estupor cómo, frente a las fuerzas de seguridad de la Nación, un grupo de reporteros era agredido por civiles, todo ello ante la mirada impasible de los agentes y funcionarios. No actuar en la defensa de los comunicadores los convierte en cómplices de delito cometido. Ello constituye una forma de violación de los Derechos Humanos, puesto que el Estado está en la obligación de respetar, proteger y garantizar la integridad de todo ciudadano y, en el caso de los periodistas, no solo se viola este principio, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada, hecho que se ve afectado a causa del amedrentamiento que estas agresiones producen.
Los periodistas solo servimos a la ciudadanía; dejarlos trabajar es también garantizar el derecho de los ciudadanos a estar debida y cabalmente informados de lo que sucede en el ámbito público. Más allá, también tienen el derecho al respeto de la colectividad como personas, como servidores públicos y como ciudadanos de un país que se dice democrático.
Exigimos justicia y que se apliquen las leyes y las sanciones civiles y penales a quienes roban los equipos de trabajo y a quienes se atreven a agredir, incluso delante de los que país paga para supuestamente proteger a los ciudadanos. No hacerlo es demostrar que hay organismos estatales de espalda a la Constitución y al anhelo colectivo de vivir en un país democrático.
Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas
