Alfredo Infante s.j.:
Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) entre 2017 y 2019 huyeron del país 2,3 millones de personas, esto en el marco de un acumulado en los últimos cuatro años que, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asciende a 5,2 millones de personas entre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo; es decir, que se trata del desplazamiento humano forzado más grande de la región y el segundo a nivel mundial.
Carolina Jiménez, representante de Amnistía Internacional, ha insistido en que se trata de personas refugiadas, es decir, en condición de necesidad de protección internacional ya que, si bien Venezuela no padece un conflicto armado de carácter político, la mayoría de los emigrantes ha escapado de su tierra buscando salvar su vida y la de su familia, como resultado de la emergencia humanitaria compleja que sufre el país desde 2016.
De acuerdo con la ENCOVI, una de las consecuencias de esta masiva diáspora forzada ha sido la reducción del total de la población venezolana en 4 millones de personas, «como resultado de la combinación de una intensa emigración de 15 a 39 años, menor producción de nacimientos e incremento de la mortalidad”. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Venezuela debía contar para este 2020 con una población de 32 millones de habitantes. ENCOVI indica que hoy el total es de 28 millones.
El informe da cuenta de que en 19 % de los hogares «al menos uno de sus integrantes emigró a otro país en el período 2014-2019”; es decir, uno de cada cinco hogares tiene a un familiar emigrante. También revela que la mitad de quienes se han ido están entre los 15 y 39 años, dato estremecedor, porque se trata de la población económicamente activa y porque muestra que nuestros jóvenes están siendo estructuralmente excluidos del sistema educativo, del precario aparato productivo y se están echando sobre sus espaldas a la familia, pues huyen buscando insertarse en otros mercados laborales para sostener a distancia a sus empobrecidos padres, hermanos, abuelos e hijos; todo con el fin de garantizarles un mínimo de condiciones básicas.
ENCOVI registra también un cambio importante en cuanto a género, calificación y destino de la migración. Cada vez son más los hombres que abandonan el país: en 2017, la relación de migrantes estaba bastante equilibrada (51 % hombres versus 49 % (mujeres), pero esto cambió a 54 % versus 46 % en 2019, con lo que el fenómeno migratorio venezolano se va insertando en el patrón global, que es de 52,1 % de migrantes masculinos y 47,9 % de migrantes femeninos.
De igual modo, el estudio deja al descubierto que, al hacerse masivo el fenómeno de la emigración, está cayendo la calificación académica de quienes salen del país. Actualmente, uno de cada tres alcanza nivel universitario, un dato que trasluce la reconfiguración del flujo y el impacto de la emigración en los sectores rurales y suburbanos. Por otra parte, ya no se trata de una migración sur-norte como la primera oleada, sino de una migración sur-sur, cuyos principales destinos son los países de la región, en este orden, Colombia, Perú, Chile y Ecuador, entre otros.
Ante estas evidencias, nos preocupa que los tres elementos básicos de la composición de una nación como lo son población, territorio y Estado se encuentran en crisis, con un régimen cuyo discurso gira en torno a la soberanía nacional y la patria.
En cuanto a la población, los datos de ENCOVI muestran que hemos perdido el bono demográfico (oportunidad de desarrollo asociada a un mayor número de habitantes en edad productiva) y, aunque en el contexto pandémico están ocurriendo los retornos y por obvias razones ha habido una reducción en el flujo de emigrantes, las causas de la expulsión se siguen agudizado con el empeoramiento de las condiciones de vida. El territorio, como se sabe, está fragmentado y en poder de diversos grupos con intereses mafiosos y entregado a corporaciones transnacionales mineras; y el Estado de Derecho, cuyo fundamento es el respeto a la Constitución y las leyes, se ha perdido completamente, quedando la población en absoluto desamparo.
Creemos que aún estamos a tiempo de recuperarnos. La Conferencia Episcopal Venezolana, desde la acera de enfrente del poder, ha venido reiteradamente proponiendo caminos para restablecer las condiciones de vida y el imperio de la ley y la justicia. La Iglesia no se resigna y mantiene la esperanza, y por eso trabaja día a día acompañando al que sufre, pero también estimulando el espíritu creador y las energías sociales de los hombres y mujeres en nuestra herida nación.
¿Será viable el país? Nuestra respuesta, dada con fe y esperanza, es y será siempre SÍ. Esto es parte de nuestro amén.
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco
17 al 23 de julio de 2020/ N° 68
Reporte Católico Laico
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