Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos enviaron un comunicado este viernes, 1 de abril, anunciando que a partir del 23 de mayo quedará derogado el Título 42, la herramienta con la que se estuvieron produciendo expulsiones masivas en la frontera sur entre EE. UU. y México. La medida fue implantada en marzo de 2020 por el Ejecutivo de Donald Trump.
El 23 de mayo, durante la primavera en el hemisferio norte, estación comúnmente favorable para la migración fronteriza, Estados Unidos derogará el Título 42, mecanismo del que se ha valido desde 2020 para expulsar de manera masiva a más de 1,7 millones de migrantes en su frontera con México.
Así lo confirmaron este 1 de abril las autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a través de un comunicado en el que se esgrime que la llegada de migrantes a territorio estadounidense ya no compromete la situación de emergencia sanitaria derivada del Covid-19.
“Después de considerar las condiciones actuales de la salud pública y una mayor disponibilidad de medios para combatir el Covid-19, como las vacunas y tratamientos, los CDC han determinado que la orden que suspendió el derecho de los inmigrantes a entrar en Estados Unidos ya no es necesaria”, reza el aviso.
El Título 42 inició bajo la Administración del exmandatario Donald Trump en marzo de 2020, pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la pandemia de Covid-19. Sin embargo, tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero de 2021, el demócrata tampoco derogó esta herramienta. Hasta ahora.
El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, destacó a través de un comunicado que el Título 42 es un recurso para proteger la salud pública, no para desfavorecer la migración. Además, añadió que este mecanismo fue implantado por los CDC “para proteger contra la expansión de una enfermedad contagiosa”, como es el Covid-19.
La Ley de Salud Pública de 1944 es la que recoge dicho título, según el cual se permite la expulsión inmediata de Estados Unidos de cualquier persona que comprometa la salud pública del país.
Así las cosas, valiéndose de esta figura extraordinaria, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza expulsó hasta la fecha a más de 1,7 millones de migrantes desde su entrada en vigor el pasado marzo de 2020.
Este recurso hizo que los migrantes fueran expulsados de manera inmediata a su llegada a territorio estadounidense y carecieran de la oportunidad de solicitar asilo, un derecho garantizado por la Ley de Refugiados de 1980.
Al inicio de la entrada en vigor del Título 42, funcionarios de los CDC criticaron la negativa de las autoridades fronterizas a dar asilo a los migrantes, sin embargo, las presiones del entonces vicepresidente, Mike Pence, no les dejaron margen de acción y tuvieron que aceptar la orden.
Ahora, las autoridades estadounidenses, que niegan que los migrantes supongan en estos momentos un problema para la salud pública del país, esperarán, no obstante, hasta el 23 de mayo para consumar el fin de la medida.
“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuará expulsando a los adultos solos y familias que sean encontrados en la frontera suroeste”, afirmó Mayorkas.
Estados Unidos quiere evitar una avalancha en la frontera y tener tiempo para preparar al personal fronterizo y los equipos de emergencias para atender a todas las personas que busquen asilo en el país desde la supresión del título, es por ello que el anuncio se ha hecho con siete semanas de antelación.
El DHS también anunció que la inoculación de viales contra el Covid-19 se intensificará en zonas fronterizas durante los próximos meses. Según los registros oficiales, en la actualidad se están administrando cerca de 2000 vacunas diariamente en 11 puntos al otro lado del paso fronterizo.
A partir del 23 de mayo, los migrantes indocumentados que lleguen a la frontera sur estadounidense serán investigados con base en el Título 8, que es la norma previa y común por la que EE. UU. realiza deportaciones desde su territorio.
Para la Casa Blanca, los migrantes que no tengan una “base legal” para quedarse en el país “serán expulsados pese a la eliminación del Título 42.
“Para ser claros, las personas que crucen la frontera sin autorización legal serán colocadas de inmediato en procedimientos de deportación y, si no pueden acreditar su estancia en Estados Unidos, serán devueltas rápidamente a sus países”, quiso aclarar Kate Bedingfield, la directora de Comunicación de la Casa Blanca en una rueda de prensa.
La variación más notable entre el Título 8 y el 42 es que el primero detiene a los migrantes irregulares en territorio estadounidense, en centros de procesamiento, mientras se decide qué solución se le da al caso. En ese periodo de tiempo, las personas pueden tramitar su solicitud de asilo, un extremo no contemplado en el Título 42.
A la espera de que la derogación de la medida se lleve a término, la decisión de los CDC ha sido aplaudida por organizaciones de migrantes, que llevaban meses manifestándose al otro lado de la frontera exigiendo el fin de un mecanismo, según ellos, abusivo y controvertido hacia la protección de los derechos humanos.
Sin embargo, las críticas por la demora también se hicieron presentes. Efrén C. Olivares, subdirector legal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, dijo, según recoge la agencia Associated Press, que “el uso continuo de esta política, incluso durante los próximos dos meses, es indefendible e injustificado”.
“En lugar de esperar, instamos a la Administración dejar de usar el Título 42 de inmediato, y ver a través de su compromiso de reconstruir nuestro sistema de asilo de una manera que sea justa, humana y que trate a las personas con dignidad”, añadió el dirigente de la organización.
Las críticas a la decisión de Biden de mantener el Título 42 tras el inicio de su legislatura también resonaron fuerte entre organizaciones de defensa de los migrantes, asociaciones civiles y algunos miembros del ala más progresista de su partido, para quienes la aplicación de dicho título nunca estuvo justificada por razones de salud pública, sólo por la ambición de la Administración Trump de poner diques a la migración proveniente de los países de Centroamérica.
Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca se tramitaron la gran mayoría de las expulsiones de migrantes, más de 1,2 millones. La medida más significativa que tomó fue la de detener las expulsiones de menores no acompañados.
Por su parte, los demócratas más moderados lamentaron la decisión, como el senador Joe Manchin, de Virginia Occidental, que describió la decisión de los CDC como “aterradora”.
“El Título 42 ha sido una herramienta esencial para combatir la propagación del Covid-19 y controlar la afluencia de migrantes en nuestra frontera sur”, subrayó Manchin, fiel crítico de las políticas migratorias de Biden.
Entre los republicanos, el gobernador del estado sureño de Texas, Greg Abbott, anunció medidas legales y otras acciones para “mantener seguras a nuestras comunidades mediante el uso de todos y cada uno de los poderes constitucionales para proteger” el territorio.
Se espera una ola importante de migrantes en las próximas semanas
Tras la decisión de las autoridades sanitarias estadounidenses, se espera una fuerte ola de migrantes en la frontera de cara a los meses de primavera y verano. Miembros de la Patrulla Fronteriza ya hablaron de 200.000 llegadas de migrantes en la frontera suroeste en marzo, cuando todavía el anuncio no estaba confirmado.
En la última semana las autoridades del DHS confirmaron que estaban llegando unos 7.100 inmigrantes al día, una cifra superior a la registrada en febrero.
Los funcionarios fronterizos asumen que en los próximos meses y semanas se podrá alcanzar un pico de 18.000 llegadas al día.
Por el momento, se ha procedido a la creación del Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste como herramienta de respuesta temprana ante cualquier llegada masiva de personas.
En el terreno, los trabajadores estadounidenses trabajan en el levantamiento de tiendas de campaña para garantizar las mínimas condiciones de seguridad y protección para los migrantes.
Además, se procedió a la contratación de personal civil para desempeñar tareas administrativas que no guardan relación con la seguridad fronteriza.
Una nueva ola de migrantes en números récord puede suponer un desafío para la Administración Biden de cara a su gestión inmediata, pero también con el telón de fondo de las elecciones de mitad de mandato, donde están en riesgo sus mayorías parlamentarias.
France 24
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