La Iglesia Católica en Nicaragua sigue experimentando una dura realidad marcada por la persecución, el encarcelamiento y el exilio, una historia que se remonta a varias décadas, pero que se ha recrudecido en los últimos años con el accionar de la dictadura de izquierda de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Ortega es un viejo personaje de la historia nicaragüense. Miembro de la exguerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), gobernó el país entre 1985 y 1990, y llegó por segunda vez al poder en 2007. Desde entonces se ha mantenido en la presidencia con elecciones consideradas dudosas, y usando cualquier recurso para ello, como la persecución a los opositores y la presión sobre la Iglesia.
Para esto último, la dictadura nicaragüense no ha dudado en expulsar a religiosas, cerrar medios de comunicación católicos, apoderarse de instituciones y edificios eclesiásticos, apropiarse del dinero que ayuda a las obras de la Iglesia, y mandar al exilio o a la cárcel a sacerdotes y obispos.
Esta nueva persecución ya se vislumbraba en mayo de 2022, cuando la Asamblea Nacional —controlada por el régimen— publicó un informe en el que acusaba a obispos y sacerdotes de estar implicados en un intento de golpe de Estado, pedía el procesamiento de los líderes religiosos que apoyaron las marchas de 2018 y requería la confiscación de los bienes de la Iglesia.
Otro de los hechos que ha marcado en años recientes la vida de la Iglesia fue el ataque incendiario del 31 de julio de 2020 contra la histórica imagen de la Sangre de Cristo, un crucifijo que se encontraba en la Catedral de Managua.
En este artículo presentamos una síntesis de lo que ha padecido en los últimos años la Iglesia Católica en Nicaragua bajo el régimen sandinista.
1. El deterioro en la relación de Nicaragua con el Vaticano
Una de las primeras cosas que se debe tener en cuenta es el deterioro en las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y el Estado del Vaticano, la cual se veía venir desde que en julio de 2018 simpatizantes y turbas del gobierno atacaran al Nuncio Apostólico Mons. Waldemar Sommertag, al Cardenal Leopoldo Brenes y a Mons. Silvio Báez durante una visita a la ciudad de Diriamba.
El declive continuó con la expulsión de Mons. Sommertag en marzo de 2022 y con el pedido del gobierno nicaragüense de que fuera cerrada la Nunciatura Apostólica en Managua.
Ello se dio finalmente el 17 de marzo de 2023, con el retiro del Encargado de Negocios de la Nunciatura, Mons. Marcel Diouf. “El cierre de la sede diplomática de la Santa Sede se produjo a raíz de una solicitud del gobierno nicaragüense del 10 de marzo de 2023″, informó al día siguiente Vatican News.
Días antes, el Papa Francisco había criticado con dureza a Daniel Ortega y comparado su régimen con las dictaduras “groseras” de inicios del siglo XX.
En esa misma ocasión el Santo Padre también lamentó que Mons. Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, haya terminado “preso”, y lo calificó como un “hombre muy serio, muy capaz”, que “quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”.
2. Apropiación de los fondos de la Iglesia
En su intento por acallar a la Iglesia, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha comenzado a cortar los recursos económicos de parroquias, diócesis y otras instituciones católicas.
El golpe más reciente fue el bloqueo el 9 de agosto de 2023 de las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA), la misma que fue expropiada a los Jesuitas dos días después.
Los intentos de dejar sin fondos a la Iglesia Católica se evidenciaron en mayo de este año con el bloqueo de las cuentas bancarias de varias parroquias y diócesis, como las de Matagalpa y Managua, esta última pastoreada por el Cardenal Leopoldo Brenes. Al siguiente mes continuaron los bloqueos a más parroquias y diócesis.
El régimen se excusó acusando a la Iglesia de lavado de dinero y de haber realizado “movimientos delictivos con fondos” que habrían “ingresado irregularmente al país”.
Como consecuencia del bloqueo de las cuentas bancarias —denunció en julio la investigadora Martha Patricia Molina— “los sacerdotes mayores no están recibiendo sus pensiones del fondo nacional del seguro sacerdotal”.
Hasta donde se tiene registro, ya en junio de 2012 el gobierno sandinista había tomado medidas económicas contra la Iglesia. Según reveló este 2023 el diario El Confidencial, ese mes las autoridades retuvieron más de medio millón de dólares que la agencia humanitaria Catholic Relief Services había donado a la Diócesis de Estelí.
3. Congregaciones religiosas expulsadas
En julio de 2022 una noticia sorprendió a la prensa internacional: El régimen sandinista obligó a las Misioneras de la Caridad a dejar Nicaragua luego de que la Asamblea Nacional disolviera a 101 organizaciones no gubernamentales, entre las que estaban las religiosas y otras instituciones católicas.
Posteriormente vendría la salida de más congregaciones, como las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús y las hermanas trapenses de Nicaragua. También han sido confiscados conventos y expulsadas religiosas extranjeras.
Usualmente las congregaciones religiosas no indican el motivo de su salida. Sin embargo, defensores de derechos humanos, como la investigadora Martha Patricia Molina, señalan que estas dejan el país debido a las presiones del régimen.
“Entre los años 2022 y 2023 han sido expulsadas 65 religiosas y se les ha prohibido la entrada a 6 de diferentes congregaciones religiosas, para un total de 71”, indicó el 29 de julio Molina, autora del informe Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?.
Según la investigadora, han sido afectadas 10 congregaciones religiosas. Además de las arriba mencionadas, también han sido víctimas de esas medidas las Dominicas de la Anunciata y las Hermanas Pobres de Jesucristo de Nicaragua. Las otras cinco congregaciones no han sido mencionadas por motivos de seguridad.
4. Situación de Mons. Rolando Álvarez y de otros sacerdotes
El Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, se ha convertido en el símbolo de la Iglesia perseguida. Estuvo confinado en su casa del 4 al 19 de agosto de 2022, día en que la Policía entró a la fuerza para llevárselo a Managua y mantenerlo con arresto domiciliario.
El Prelado permaneció en esa condición hasta el 10 de febrero de 2023, cuando fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por “traición a la patria”. Un día antes, Mons. Álvarez rechazó dejar el país con otros 222 presos políticos que fueron exiliados a Estados Unidos, entre quienes estaban cuatro sacerdotes, un diácono y dos seminaristas.
La condena fue recibida con preocupación por el Papa Francisco, quien le dedicó unas palabras después del rezo del Ángelus dos días después.
Hasta donde se tiene conocimiento, Mons. Rolando Álvarez está confinado en la cárcel La Modelo. A inicios de julio hubo un intento de liberarlo. Sin embargo, fracasaron las negociaciones entre el régimen y la Iglesia en Nicaragua, por lo que volvió a prisión.
El 19 de agosto de 2023, al cumplirse un año del arresto violento del obispo, el Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó su liberación inmediata.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH) condenaron las continuas violaciones a los derechos humanos del obispo, “como la falta de acceso a la atención médica y a medicamentos esenciales, la incomunicación desde que se encuentra en el sistema penitenciario La Modelo y la limitación de las visitas de sus familiares”.
De acuerdo al informe de Martha Patricia Molina, desde que comenzó la crisis de 2018 ha habido 193 ataques contra obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y monjas. Ello incluye vigilancia permanente, amenazas, intentos de homicidio, golpes, procesos penales, destierros, entre otros.
El reporte, actualizado a marzo de este año, señala que han sido obligados a exiliarse un obispo (Mons. Silvio Báez), 13 sacerdotes y dos diáconos. Además, han sido expulsados el Nuncio Apostólico y dos sacerdotes, mientras que cinco sacerdotes, un diácono y dos seminaristas han sido desterrados.
A ellos hay que sumar a los sacerdotes Tomás Sergio Zamora Calderón y William Mora, a quienes el régimen prohibió volver a Nicaragua luego de haber participado en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) realizada en Lisboa (Portugal).
5. La situación del culto: ¿Se puede ir a Misa en Nicaragua?
Ante este panorama, la pregunta que viene es si los fieles pueden seguir practicando el culto libremente en Nicaragua.
En declaraciones a ACI Prensa, la investigadora Martha Patricia Molina explicó este 22 de agosto que “las parroquias están 24 horas vigiladas por personas infiltradas, que generalmente pertenecen al Consejo del Poder Ciudadano, que es un grupo de personas encargadas de vigilar a los opositores e incluirlos en una lista” que luego es entregada a la Policía.
En ese sentido, indicó que los católicos pueden participar en las Misas y celebrar sacramentos como Bautismos y matrimonios, “pero siempre están vigilados”.
“De hecho, las homilías de los sacerdotes siempre son grabadas y enviadas a lo que se conoce como El Carmen, que es el lugar donde vive la pareja dictatorial Ortega-Murillo” y en la que son analizados los discursos de los párrocos.
Sobre las procesiones, recordó que para la Semana Santa del 2023 “se prohibieron más de 3.176 procesiones” en las calles. Eso llevó a que estas manifestaciones de fe se tuvieran que realizar dentro de los templos.
Aunque hubo reacciones de los fieles, como en la procesión de la Virgen de la Merced de 2022, lo real es que el régimen usa sus medios disponibles para impedirlas.
En ese sentido, Molina explicó que la prohibición de llevar las procesiones a las calles ya se había dado antes de la Semana Mayor de 2023 y también después de ella. Aunque hubo algunas excepciones, “como la celebración de Santo Domingo que se realiza en Managua”, ello se debió a que es una fiesta muy concurrida a la que también van personas a beber licor y a divertirse.
“Entonces, por motivos turísticos es que esa procesión fue permitida, pero el resto está siendo prohibido”, señaló.
La investigadora nicaragüense indicó asimismo que los funcionarios procuran no notificar por escrito las prohibiciones, sino que lo hacen a través de “visitas de cortesía” en las que informan verbalmente a los párrocos que “no pueden realizar las procesiones”.
“También se ha prohibido mencionar a Mons. Rolando Álvarez en las Misas y en las oraciones”, manifestó Molina. Relató que los grupos laicales, los sacerdotes y los seminaristas rezan a escondidas por el obispo, “porque el que lo mencione en la homilía, en la Misa (…), es inmediatamente visitado por la policía” y hasta puede ser apresado.
6. Pronunciamientos oficiales de los obispos nicaragüenses
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) ha destacado por su preocupación por la vida nacional. Debido a ello en varias oportunidades ha sacado comunicados con ocasión de las elecciones u otros eventos de interés público.
Sin embargo, cuando su posición no ha sido del agrado del régimen, este ha respondido con acusaciones y agresiones verbales.
A pesar de esta situación, la Iglesia reiteró en noviembre de 2021 su ofrecimiento para mediar entre la oposición y el régimen a fin de salir de la crisis política, lo que fue rechazado por Daniel Ortega.
En lo que respecta a la situación de Mons. Álvarez, el Episcopado se pronunció el 20 de agosto de 2022, al día siguiente de ser sacado a la fuerza de la curia de la Diócesis de Matagalpa. Los obispos expresaron su “profundo dolor” por “esta herida” que sufre la Iglesia en Nicaragua.
El informe de ACN
El 22 de junio de este año, la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés) presentó su Informe sobre Libertad Religiosa 2023, en el que señala que la persecución a la Iglesia en Nicaragua “tiene una motivación política y no religiosa”.
Ello porque desde 2018, cuando estalló la actual crisis, “la Iglesia ha criticado abiertamente cualquier represión de las libertades civiles y la violación de los derechos humanos en el país”.
En ese sentido, el informe de ACN sobre Nicaragua indica que la libertad religiosa en el país centroamericano “ha empeorado visiblemente”.
“Las perspectivas para los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, son profundamente preocupantes y negativas”, concluye.
ACI Prensa
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