Del total de casos, 301 fueron de estigmatización, 62 de intimidación y hostigamiento. El CDJ sostuvo que el 62 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y un 38 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías. Los principales victimarios, prosigue el informe, fueron plataformas comunicacionales del Estado.
En Venezuela se registraron 418 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2024, un 85 % más con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se documentaron 226 casos, según informó este lunes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«Durante el primer trimestre de 2024 se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático, en el marco de un contexto preelectoral, afectando las acciones de personas y organizaciones de la sociedad civil», indicó la ONG en su más reciente informe, que precisa que en enero se documentaron 97 casos, en febrero 230 y en marzo 91.
Del total de casos, 301 fueron de estigmatización, 62 de intimidación y hostigamiento, 45 de amenazas, tres ataques digitales, dos allanamientos, dos casos de judicialización y una detención arbitraria.
«Durante el trimestre, el CDJ documentó discursos y campañas de estigmatización, señalando sistemáticamente a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, siendo el principal patrón de ataque, como una forma de amedrentar», agregó.
El CDJ sostuvo que el 62 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y un 38 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías, reseñó AlbertoNews.
Los principales victimarios, prosigue el informe, fueron plataformas comunicacionales del Estado (37 %), seguidos de funcionarios públicos, principalmente diputados y miembros del Ejecutivo nacional (32 %), agrupaciones afectas a los intereses del Estado (25 %), organismos de seguridad del Estado (4 %), e instituciones públicas o entes gubernamentales (2 %).
«En la medida en la que el Estado continúe adoptando medidas tendientes al cierre del espacio cívico, seguirán aumentando los riesgos para la sociedad civil. Reiteramos que las actividades de defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos no es delito y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio seguro y sin temor a represalias», apuntó.
El CDJ instó al Estado a proteger, garantizar y respetar derechos y «cesar de forma inmediata la criminalización de personas defensoras y frenar los avances legislativos que persiguen controlar, limitar y criminalizar a la sociedad civil en Venezuela».
Versión Final
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