La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el órgano legislativo federal de México, aprobó el 4 de septiembre una iniciativa de reforma constitucional que afecta al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa, que ahora será revisada por el Senado, plantea varios cambios significativos en el sistema judicial mexicano, generando preocupación en diferentes sectores de la sociedad y de la Iglesia Católica.
Uno de los puntos de la reforma es la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo órgano del Poder Judicial en México. La propuesta contempla reducir el número de ministros (magistrados) de 11 a 9, acortar su mandato de 15 a 12 años, y eliminar sus pensiones vitalicias. Además, su salario se ajustaría al tope máximo permitido para el presidente de la República, sin excepciones.
Otro de los cambios sugeridos es la propuesta de elegir por voto popular a los ministros de la SCJN, a los magistrados del Tribunal Electoral, a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito, una medida que entraría en vigor el próximo año de ser aprobada por el Senado.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, expresó su preocupación el pasado 8 de julio, señalando que de aprobarse los cambios “no llegará la persona más calificada al puesto (…) sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los puestos de poder”.
Otra de las propuestas es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate es el de “resguardar la identidad de las personas juzgadoras”, introduciendo lo que comúnmente se ha denominado “jueces sin rostro”, una figura destinada a proteger la identidad de magistrados que traten casos relacionados con delincuencia organizada.
Medidas similares han sido implementadas previamente en países como Colombia y Perú, pero han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional debido a condenas injustas.
La propuesta de reforma fue presentada inicialmente en febrero de este año, cuando el partido de López Obrador —Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA— no contaba con los votos suficientes para su aprobación. Sin embargo, tras las elecciones del 2 de junio, MORENA y sus aliados obtuvieron una mayoría en la Cámara de Diputados, lo que facilitó la aprobación de la iniciativa.
La preocupación de la Iglesia Católica en México: “un paso al autoritarismo y a la dictadura”
El P. Mario Ángel Flores Ramos, ex rector de la Universidad Pontificia de México, consultor de la Comisión Teológica Internacional y director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), expresó su preocupación por la reforma. El sacerdote dijo a ACI Prensa que “lo que van a hacer es desestructurar el Poder Judicial y con ello se acabó el pluralismo y se acabó el equilibrio de poderes y se acabó la democracia”.
El P. Flores señaló que existe una “preocupación de la Iglesia”, compartida “con grandes sectores de la sociedad mexicana”, de cara a lo que consideró un “avasallamiento que hace el oficialismo y que prácticamente quieren aniquilar la democracia mexicana”.
El sacerdote destacó que la reforma podría llevar a un control “excesivo” sobre la selección de jueces y a la eliminación de organismos autónomos. “Es un plan absolutamente dirigido al control de un sistema dictatorial”, expresó. “Si logra concretarse, estamos dando un paso al autoritarismo y a la dictadura”, añadió.
Para el P. Flores Ramos, el papel de la Iglesia Católica y sus miembros es “crear conciencia” en la sociedad sobre el riesgo de “darle el poder absoluto a alguien”, lo cual puede llevar a “situaciones tan peligrosas para una sociedad y una democracia”. También destacó la necesidad de “crear un ambiente de mayor concordia” en un país que está “muy dividido y muy polarizado”.
“La división que hay es muy difícil en este momento y nuestra primera labor como Iglesia también es superar esa animosidad, estos odios, esta división que se ha generado”, señaló el P. Flores Ramos.
Aseguran que la reforma pretende “acabar con la autonomía” del Poder Judicial
Guillermo Torres Quiroz, director de la plataforma Saber Votar, consideró que la reforma promovida por López Obrador pretende “acabar con la autonomía” del Poder Judicial.
El director de Saber Votar también expresó su preocupación por la creación del tribunal disciplinario que, según él, “va a depender en gran medida de las decisiones del Poder Ejecutivo”. Esto, en su opinión, “le quita su propia autonomía, su propia dinámica, su propia personalidad” al Poder Judicial. Además, dijo, la reforma complicaría “la dinámica de amparo”, restringiendo las “libertades y afectando el correcto funcionamiento del sistema”.
Aunque el experto calificó el sistema de impartición de justicia que existe actualmente en México como “defectuoso”, advirtió que la reforma podría generar una “dinámica todavía peor”, en la que la justicia podría quedar al servicio de intereses específicos.
El organismo internacional de derechos humanos Human Rights Watch reporta que un tercio de los delitos denunciados en México no son investigados, y menos del 16% de las investigaciones se resuelven.
Torres Quiroz también advirtió que la reforma podría “utilizar el Poder Judicial con fines políticos” y que detrás de esta iniciativa subyace el interés de “apoderarse del dinero del Poder Judicial”.
ACI Prensa
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