Estuvo desaparecida durante cuatro días luego de ser “secuestrada” por la policía política de Maduro. A pesar de contar con una boleta de excarcelación esperó más de un año para salir en libertad. “De algo nos va a servir a todos esto”, le dijo a su hija al ser indultada
“Sí, es demasiado fuerte hija, pero yo te aseguro que de algo nos va a servir a todos esto. Te amo. Nunca he dejado de creer en Dios, nunca he dejado de orar, nunca he dejado de pensar y nunca he dejado de rezar. Y siempre con mi cruz a cuesta”, expresó a su hija residenciada en Colombia, la abogada Antonia Turbay, de 67 años, al salir de una cárcel venezolana, luego del indulto recibido en la medianoche de este 31 de agosto.
La emocionada mujer describiría posteriormente a los periodistas, parte de la injusta acusación que la mantuvo durante más de un año en prisión, convertida en una de las presas políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Antonia ya estaba en las afueras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sabin, en El Helicoide, Caracas.
“Cuando uno es culpable, uno cumple su condena a lo mejor con orgullo, porque a lo mejor sí fui a protestar contra Maduro porque algo no me gustó, pero que haya estado injustamente, por algo en lo que no tenía nada que ver, porque es que ni soy amiga de Simonovis”, explicaba entre sollozos sobre la falsa acusación de complicidad que le atribuyeron en el escape del comisario Iván Simonovis.
“Sí, es mi vecino y lo aprecio, y cuando él estuvo preso sentí mucha compasión por sus hijos que no tenían su papá”, reconoció. “Pero yo no tengo nada que ver y me han alejado de mi familia”, indicó ratificando que su prisión fue injusta.
La doctora Turbay forma parte del grupo de 110 ciudadanos a quienes alcanzó el indulto decretado por el presidente Maduro, el mandatario a quien buena parte de la población, organismos multilaterales y más de treinta países consideran “ilegítimo”.
Acusada de ayudar a escapar a Simonovis
Antonia Turbay fue detenida la tarde del 26 de junio de 2019, cuando se dirigía a su residencia en la urbanización La Florida, en Caracas. Sus vecinos describieron que de una camioneta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), bajaron varios hombres vestidos de negro y portando armas de diferentes calibres. Intercambiaron pocas palabras con ella que entonces tenía 66 años de edad. Se la llevaron detenida.
Durante cuatro días no se tuvo información acerca del paradero de la abogada Antonia. Estaba literalmente “desaparecida” en un país donde el gobierno persigue, hostiga, captura, aprisiona, maltrata y asesina a sus ciudadanos. Casos hay cientos, desde los jóvenes que murieron en las protestas del año 2012 hasta las muertes en prisión del concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, entre otros.
La desaparición que le aplicaron a la abogada es un mecanismo muy usado por los cuerpos policiales de Venezuela para castigar a quienes presuntamente cometen delitos, independientemente si son de naturaleza común o política. Aunque los familiares y amigos mueven cielo y tierra buscando al “desaparecido”, casi nunca lo hallan sino hasta que las torturas físicas o psicológicas disminuyen en el cuerpo.
En el caso de Antonia no se cuenta con información de si fue o no, víctima de maltratos físicos o sicológicos por parte de sus captores. Las dudas siempre estarán latentes, pero sus lágrimas no dejaron de hablar del indigno cautiverio, la noche del 31 de agosto.
Ramón Antonio Pérez/Aleteia Venezuela
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